No hay que olvidar el 4 de noviembre del 2019, cuando Pedro Sánchez dijo en televisión que, en cuanto los electores renovaran su confianza en él, reformaría el código penal para devolver a la categoría de delito la convocatoria de referéndums ilegales. Un mes después prometió a Pere Aragonés la apertura de la mesa de dialogo.
La mentira es parte importante de este presidente, que ha logrado que sus entregados, esos que se pasean por las tertulias dispuestos a defender lo que les ordenan, después de digerir ruedas de molino se vean obligados a escupirlas.
Con todo esto, es aquí donde comienza una historia de espías, de los de verdad, de los que su trabajo no consiste en investigar Corinnas, ni Bárbaras, ni braguetas reales, ni se rige por impulsos políticos, sino por la Ley 11/2002 que determina como misión la de facilitar al presidente del Ejecutivo y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permiten prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.
Es decir, solo se investiga a aquellos que intentan reventar una democracia desde dentro o fuera y que se aprovechan de la libertad que te da un sistema parlamentario para dinamitarlo. Es por ello por lo que el Estado está obligado a defender a los ciudadanos de cualquier organización antidemocráticas que llevan a cabo prácticas ilegales en contra de la Constitución y el orden establecido.
Hemos demostrado ser fuertes en los órdagos que hemos tenido, en todos los años de democracia, y eso implica que nuestra libertad nos otorga vía libre en obtener un control de la información con respaldo jurídico. La situación actual no autoriza a la señora Batet, profesora de Constitucional y presidenta del Congreso, a defender unas nuevas reglas de juego para dar entrada a los nacionalistas y antisistema en la Comisión de Secretos Oficiales.
Este Gobierno, carente de valores y principios, no entiende que para los miembros del CNI no hay ni liberales, ni conservadores, ni socialistas ni izquierdistas, solo hay un partido que se llama España, que no puede estar a los vaivenes de una clase política que no está a la altura de las circunstancias.