Se sienten trabajadores de segunda. Un número más dentro de la Diputación. Y aseguran que viven bajo la angustia y la incertidumbre de una situación que ellos no han buscado, sino que la propia administración provincial ha generado a la hora de gestionar su contratación. Hablamos de los trabajadores de la Diputación que viven en una situación de abuso de temporalidad, es decir, que llevan como interinos durante más de tres años, límite que la legislación establece y a partir del cual considera que sus plazas se encuentran en situación de fraude de ley.
Ahora, la Diputación ha sacado mediante oferta pública a través de concurso oposición 260 plazas, de las cuáles casi el 40% estarían incumpliendo con la normativa. De hecho se han interpuesto más de cien demandas por parte de los trabajadores ante los juzgados de lo Social para que dictamine sobre su situación. Ya hay juicios con fechas señaladas e incluso alguna sentencia que les da la razón.
La mayoría de ellos comenzaron su relación con la administración provincial tras haber superado diferentes pruebas que les permitieron acceder a esos puestos. Unos puestos que ahora se han sacado a concurso oposición, lo que les obliga a presentarse y aprobar unos exámenes si quieren conservarlos. Aseguran que son víctimas de una mala gestión que llevan soportando años y que ahora les puede dejar sin trabajo. «En la empresa privada sería fija, aquí llevo 14 años y me puedo ir a la calle sin ningún derecho», afirma una de las mujeres afectadas por esta situación, que prefiere no dar su nombre.
Sus peticiones son claras. Exigen que se estabilicen sus puestos de trabajo, es decir, que puedan permanecer en ellos hasta que se jubilen. Una solicitud de fijeza que ya ha sido reconocida para algunos por la justicia. Esta pretensión implica por lo tanto que sus plazas se excluyan de ese concurso oposición. «Puede pasar que el juzgado siga dando la razón a los empleados mientras la Diputación continúa adelante con el proceso. Esto podría implicar que se duplicaran las plazas por puesto, es decir, que alguien que haya aprobado la oposición obtenga su plaza, pero que a la vez el juzgado reconozca que esa plaza pertenece a la persona que durante tantos años ha desarrollado su trabajo en ella. En este caso la administración tendría que indemnizar y supondría un coste elevado», reconocen.
Sistemáticamente. Estos trabajadores lamentan que durante décadas se haya abusado sistemáticamente de ellos. «Se nos han denegado derechos laborales ligados a la categoría profesional, como pueden ser la carrera profesional, la excedencia, derechos de conciliación familiar y a veces hasta vacaciones», reseñan. «Muchos de nosotros hemos superado a lo largo de los años varios procesos selectivos y, sin embargo, a falta de las preceptivas oportunidades de convocatoria pública, hemos quedado relegados a ocupar nuestros puestos como empleados de segunda, bajo la condena de la eterna interinidad», situación que comparten 30.000 personas en Castilla y León y 800.000 en España.
Afirman que ahora la Diputación quiere someterles a un nuevo proceso selectivo, cuando han demostrado sobradamente mérito y capacidad a lo largo de los años. «Los empleados afectados por esta situación, en la gran mayoría con una edad por encima de los 50 años, (muchas, mujeres), contamos con importantes cargas familiares, hijos y mayores dependientes. En estas circunstancias, y teniendo que cumplir con nuestra jornada laboral en la Diputación, es imposible afrontar y superar de nuevo exámenes memorísticos que, en la mayoría de los casos, nada tienen que ver con el trabajo del día a día, compitiendo, en desigualdad, con miles de jóvenes opositores que se preparan en exclusiva en las academias», se quejan.
Además de auxiliares de enfermería, limpieza, ordenanzas, o peones de vías y obras, se encuentran en esta situación 17 asistentas sociales. Entraron entre 2006 y 2008, por lo que son ya varios años los que suman «en fraude de ley», remarcan. «Algunas llevamos enlazando contratos desde 1991 y estamos desesperadas. Queremos que se nos escuche, somos muy valiosas y nos dejamos la piel en nuestro trabajo», protestan desde este sector, todas mujeres.