Los presupuestos del Gobierno para el sector agrario en 2023, según el proyecto de Ley presentado en el Congreso de los Diputados y que deberá ser negociado en los próximos meses, han arrancado con críticas generalizas desde el campo frente al optimismo oficial. Moncloa considera importante que las cuentas se puedan aprobar en tiempo y forma para su entrada en vigor en el próximo ejercicio y evitar la prórroga de los anteriores, como ya sucediera en el pasado.

Para el ministro de Agricultura se trata de unas cuentas orientadas a garantizar un crecimiento sostenible y rentable de la actividad agraria en un momento difícil como éste, marcado por el incremento de los precios de las materias primas y de la energía que se está sumando a las condiciones negativas provocadas por la sequía. En el sector preocupa menos la posibilidad de una prórroga de los presupuestos de este año, dado que en la propuesta actual domina la continuidad en la mayor parte de las medidas de gasto y no hay nuevas en lo referido a la política de impuestos o de fiscalidad.

El proyecto de presupuestos contempla para el sector agrario un montante total de 8.970 millones de euros que suponen un incremento de solo el 0,4% sobre el año anterior. De ese volumen, solo los fondos comunitarios con ayudas directas (5.692 millones de euros) sumados a otros 1.596 millones procedentes de Desarrollo Rural, suponen más del 80% de los recursos, a los que se suman en esta ocasión los fondos contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, otros 455 millones de euros. En este aspecto no hay nada nuevo en tanto en cuanto hace ya décadas que en los presupuestos de Atocha el peso dominante son los fondos comunitarios, aunque también el Estado y las comunidades autónomas hacen su aportación.

De cara al próximo ejercicio, en el conjunto de las partidas y actuaciones contempladas en las cuentas, en primer lugar cabe destacar los recursos disponibles para subvencionar la política de seguros agrarios desde la Administración central, cuyo montante se elevará en 2023 a 317,7 millones de euros. Objetivamente, es innegable que los fondos para los seguros agrarios han recibido un fuerte impulso en la actual legislatura al pasar de una cifra ya estabilizada durante años de 216 millones de euros hasta los 257 millones del ejercicio pasado.

Este aumento para el seguro agrario nace con motivo de la invasión de Ucrania y sus efectos negativos sobre el sector, motivo por el que el Gobierno ya daba luz verde el pasado 22 de junio a un aumento de los fondos en 60 millones de euros (un 23% más) para apoyar la suscripción de pólizas entre septiembre de este año y el 31 de agosto de 2023. Esta cantidad representa un 10% más en las subvenciones de las primas. Por este motivo, los 317,7 millones de euros que se manejan oficialmente ahora de cara a los nuevos presupuestos ya se habían publicitado en junio pasado y en la actualidad no se han comprometido nuevas aportaciones.

Junto al seguro agrario, es capítulo igualmente importante el referido a los fondos para la mejora y modernización de los regadíos, en el que destacan los más de 400 millones de inversión entre los recursos procedentes del Plan de Recuperación y los 94 millones que salen del presupuesto ordinario. En cualquier caso, el sector pide más fondos para hacer más mejoras en infraestructuras que supongan una mayor eficiencia en el riego, más ahorro de agua y mayores rendimientos.

Para la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones se cuenta igualmente con una partida de unos 430 millones procedentes del Plan de Recuperación, que sumados a los 591 millones contenidos en el presupuesto llegan a una cifra superior a los mil millones de euros. En esa misma línea se van a utilizar 140 millones: se destinarán a impulsar la agricultura de precisión; lograr una mayor eficiencia energética y aumentar el uso de energías renovables; aumentar los fondos para la mejora de los laboratorios de Agricultura en materia de sanidad animal y vegetal; o para mejorar la calidad de los alimentos.

Continuidad.

Hay una política de continuidad en las partidas destinadas a la modernización de la maquinaria agrícola y la mejora de la tecnología con fondos por un volumen total de 9,6 millones de euros. Dentro de esa cantidad se mantienen inalterados los siete millones para la aplicación del Plan Renove, de triste memoria en el último ejercicio teniendo en cuenta que las peticiones por orden de llegada acabaron en horas con el dinero disponible. Nada nuevo se ha hecho de cara al próximo ejercicio para responder a esa elevada demanda de ayudas para la renovación de la maquinaria en el campo, lo que supondría estar apoyando un ahorro de energía y, al mismo tiempo, evitando contaminación en favor del medio ambiente.

Junto a las partidas de gastos, no hay novedades en la propuesta de presupuesto en materia de fiscalidad y las políticas impositivas ligadas a la crisis provocada por los precios elevados de las materias primas. En este capítulo cabe destacar el incumplimiento en los últimos años del acuerdo del Congreso para implantar el doble contrato en la tarifa de los riegos en el sector agrario para que los agricultores paguen solamente la potencia elevada en los periodos de riego y no durante el resto del año, cuando esa potencia no se utiliza.

Las compañías eléctricas, con el respaldo de las puertas giratorias que dan entrada en sus consejos a una prole de expolíticos, han logrado hasta la fecha mantener una situación que supone un atraco a los regantes, que pagan por ley algo que no consumen. Desde el sector agrario se reclama aplicar el acuerdo y, además, medidas en esa dirección para rebajar los efectos sobre las explotaciones de la subida de los costes de producción. Subida que, en muchos casos, no se puede repercutir en los precios de venta por la ineficacia de la ley de la Cadena.

Se echa en falta una mayor apuesta por las acciones de asesoramiento y formación a través de las organizaciones agrarias desde la Administración central. Este aspecto es muy importante para apoyar el desarrollo y los adelantos de una actividad, algo que antaño se cubría con las Agencias de Extensión Agraria y hoy está en manos de cada comunidad autónoma.

Dejando a un lado las montañas de cifras contenidas en esos presupuestos y la distribución de los recursos, a efectos del interés más directo del agricultor de a pie se puede resumir que hay más fondos para los seguros agrarios (aunque ya estaban comprometidos desde junio de este año); hay recursos insuficientes para la mejora de los regadíos en un momento de falta de agua y necesidad imperiosa de ahorro ante el cambio climático; fondos cortos para modernización de maquinaria a la vista de lo sucedido hace un año, cuando las peticiones los agotaron en cuestión de horas; y no hay medidas nuevas en materia de fiscalidad e impuestos acordes con la situación de crisis por la que atraviesa el sector.

Y, por lo visto, el sector agrario no es una actividad prioritaria frente a otros ministerios, como Igualdad o Derechos Sociales.