El Ayuntamiento de Burgos no está dispuesto a darse por vencido en la batalla judicial que mantiene con Indigo Infra España S.A.U., la concesionaria del aparcamiento subterráneo ubicado junto al antiguo Hospital General Yagüe. Tal y como confirma la concejala de Patrimonio, Sonia Rodríguez, el Consistorio ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada a finales del pasado mes de enero por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Un fallo que obligaba a la ciudad a resarcir a la empresa que explota el aparcamiento por la pérdida de clientes tras el cierre de la dotación sanitaria de la avenida del Cid y el traslado de pacientes y trabajadores al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en el año 2012.

Indigo Infra España había reclamado a través de la justicia el "restablecimiento del equilibrio financiero" después de que el cierre del antiguo hospital desplomara el número de vehículos que aparcaban en rotación. Detallaba que si en 2011 habían sido 103.738 los turismos que habían utilizado el párking, la cifra se redujo a 39.446 en 2012. Una caída que fue aún más acusada en 2014, 2015 y 2016, ejercicios en los que no se llegó a los 25.000 usuarios.

El TSJ dio por buenos los argumentos de la concesionaria al defender que el perjuicio sufrido por la empresa "excede con mucho" lo que puede "considerarse el riesgo y ventura con el que todo contratista debe correr". Pero también al afirmar que "de ninguna manera podía preverse el cierre" del antiguo hospital "por muy viejo que fuese".

En la sentencia se detalla que la caída de la actividad del aparcamiento se produjo por un hecho "totalmente ajeno al titular de la concesión".

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos ha defendido en todo momento que no es responsabilidad suya que otra administración, la Junta de Castilla y León, decidiera cerrar el antiguo Yagüe para construir el HUBU. Pero en cualquier caso,  ha argumentado que cuando se sacó a concurso la construcción y explotación del párking, no se estableció una relación directa entre el aparcamiento y la dotación sanitaria. A lo que se suma, según la tesis de los servicios jurídicos municipales, que la empresa contemplaba amortizar la inversión económica en el plazo de 3 años.

El Ayuntamiento también recordó que en el concurso no se establecía ninguna obligatoriedad de crear tantas plazas en rotación, si bien aquí el TSJ afirma que ese factor fue decisivo para la adjudicación del contrato.

En el número uno de la Plaza Mayor se confía en que el Supremo le exima de cualquier tipo de resarcimiento a la empresa. Hace ya varios años que consiguió que la justicia se opusiera a la resolución del contrato y a indemnizar a la concesionaria (entonces con el nombre de Vinci Park) con 1,5 millones de euros y ahora se espera que al alto tribunal se pronuncie en términos similares y se corrija el varapalo recibido con el fallo del TSJ.

En la última sentencia no se fijó el importe que el Ayuntamiento debería de abonar a Indigo Infra España y esa tarea, que ahora mismo no tiene demasiado sentido tras el recurso al Supremo, se dejó para el momento en que se solicitara su ejecución.

Si se diera el caso de que el Ayuntamiento tuviera que indemnizar a la empresa podría realizarse con un desembolso económico o puede que incluso incrementado los años de concesión del párking.