Burgos es de las provincias españolas donde menos trabajadores cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero aun así su incremento a 1.000 euros (actualmente se sitúa en 965) beneficiará a 12.000 empleados por cuenta ajena, la mayoría de ellos con empleos no sujetos a convenio colectivo, en especial mujeres y del sector servicios. Los sindicatos valoran la subida de forma «positiva», porque redundará en la «reactivación de la economía», mientras que la patronal sostiene que «este momento de incertidumbre no es el idóneo para aprobar estas medidas». Hay que recordar que el Gobierno ha pactado el aumento del SMI con las centrales sindicales, pero la CEOE no lo ha apoyado.
Juan Núñez, secretario provincial de CCOO, advierte de que la subida «llega tarde», porque ya en 2018 los sindicatos suscribieron un acuerdo con CEOE y Cepyme para situar el salario mínimo de convenio en 14.000 euros anuales en 2020, pacto que los empresarios «han incumplido», según denuncia. Asimismo, señala que incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores repercutirá en una mejora general de la economía, «pues crecerá el consumo».
En esta misma línea opina el secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile, quien indica que «los trabajadores han de tener dinero en el bolsillo para poder consumir», condición imprescindible para que «la economía vaya hacia arriba, más en estos momentos». Asimismo, indica que ha de ser el «punto de partida» para un incremento general de salarios, que ha de llegar al 60% del sueldo medio en 2023. Ambos dirigentes sindicales están de acuerdo en que se trata de una buena noticia porque beneficiará a trabajadores precarios, la mayoría del sector servicios y, muchos de ellos, mujeres.
Íñigo Llarena, vicesecretario de la FAE, alerta de que, «pese a no afectar a muchos trabajadores burgaleses, sí tendrá influencia indirecta en una subida general de sueldos que no puede establecerse en un momento de incertidumbre como el actual».
Explica que la subida del SMI alcanzará a muy pocos trabajadores sujetos a convenios de carácter provincial, solo a los 150 del sector de las lavanderías y tintorerías y a un número muy residual del sector hostelero, a categorías de aprendiz, botones y aspirantes, que están «desterradas de la mayoría de los contratos».
A éstos hay que sumar todos esos trabajadores del sector servicios y del agrario que no están cubiertos por ningún convenio y cuyos sueldos no llegan a los 14.000 euros anuales.