Uno de los debates que se pondrán sobre la mesa en el próximo encuentro de jueces y juezas de menores, que se celebrará en Burgos del 20 al 22 de marzo, será la implicación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en los delitos cometidos por adolescentes. Una cuestión que, en los últimos años, preocupa y mucho entre los magistrados, que hay visto cómo un alto porcentaje de los infractores padecen esta dolencia. Algunas veces se diagnostica después de ser juzgado. 

La magistrada titular de Menores en Burgos, Blanca Subiñas, asegura que a su jurisdicción llegan numerosos casos de infractores adolescentes que padecen hiperactividad. La cuestión no es baladí, pues en su opinión este tipo de delitos tienen que «tener un tratamiento distinto al resto», un planteamiento que, asegura, está siendo analizado por numerosos juristas y expertos. Entre ellos, la criminóloga y psicóloga Marta María Aguilar, quien charlará en el mencionado congreso sobre las implicaciones judiciales de este trastorno. 

«Son casos muy particulares. Una persona con TDAH no controla sus impulsos, por eso tiene más riesgo de cometer infracciones a edades tempranas», comenta la jueza de Menores. Hablamos, enumera, de robos con violencia, agresiones o incluso delitos contra la libertad sexual. Conductas que, aclara, si no se corrigen a tiempo pueden resurgir de adultos. 

Y es que Blanca Subiñas lamenta que muchos de los infractores que han llegado al juzgado por cometer diferentes ilícitos penales y que padecen de hiperactividad o déficit de atención ni siquiera han sido diagnosticados previamente. «Las familias muchas veces niegan la enfermedad. No aceptan que su hijo deba ser medicado. Y a veces los propios psicólogos advierten de que ni siquiera los fármacos son la solución», señala. 

Por este motivo, insiste en que el tratamiento restaurativo, los talleres reeducativos y demás planteamientos que pueden ordenarse desde un juzgado, pueden llegar a ser claves para que, precisamente, esas conductas no se vuelvan a repetir en la vida adulta. 

El diagnóstico muchas veces es obtenido gracias al trabajo de los equipos psicosociales, que cuentan con profesionales que realizan estudios de los menores de infractores. De ahí que sean esenciales para órganos judiciales como los de Menores. En la provincia de Burgos, estos han pasado a depender del Instituto de Medicina Legal en los últimos meses, lo que puede difuminar ligeramente sus funciones en detrimento de otros juzgados que están sobrecargados. 

Cabe recordar que estos equipos psicosociales llevan varios años mermados. Los psicólogos y trabajadores sociales son requeridos especialmente por abogados y fiscales especializados en asuntos de Familia, aunque también por asuntos de violencia de género. El incremento de este tipo de procedimientos y la creación de un nuevo órgano en 2021 ha motivado la decisión de que los profesionales destinados a Menores ahora pasen a formar parte del anatómico forense. Bien es cierto que la dirección del centro ha asegurado que sus funciones seguirán enfocadas a analizar cuestiones que demande la magistrada.