Una funcionaria de Educación, directora del colegio delCondado de Treviño entre 2012 y 2019, se sentará en febrero en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Burgos como sospechosa de haber falseado las cuentas del centro para quedarse con más de 30.000 euros, dinero que posteriormente ha reintegrado.

El Ministerio Fiscal ejerce la acusación por un delito de falsedad en documento mercantil y otro de apropiación indebida pero limita la petición a 8 meses de cárcel y una multa de 1.500 euros. Considera la devolución del dinero como atenuante de reparación del daño y aplica también la de alteración psíquica por entender que la acusada tenía afectadas, pero no anuladas, sus facultades debido a los trastornos psicológicos que sufre.

Según el relato del Ministerio Público, la responsable del centro educativo realizó entre el 2 de enero de 2018 y el 14 de marzo de 2019 retiradas en efectivo de la cuenta del colegio que no eran «para el pago de suministros o servicios prestados por las empresas», sino para su uso personal, como reconoció a la Inspección. «Con conciencia de estar faltando a la verdad, presentó un extracto elaborado por ella misma, sustituyendo el realmente emitido por  la entidad bancaria» en el que hacía constar que a 31 de diciembre de 2018 había un saldo de 21.855,29 euros, cuando el real ascendía solo a 1.157,32.