La confirmación del primer foco de gripe aviar en una granja de pavos de la provincia de Segovia el pasado 18 de enero provocó que España perdiera su estatus de país libre de influenza aviar. Una situación que implica consecuencias económicas para la actividad exportadora de aves vivas, material genético y productos derivados de origen aviar de las explotaciones de la Comunidad, que ya «se han visto afectadas», como reconocen desde la Delegación del Gobierno de Castilla y León, ya que ponen en peligro el 20 por ciento de las ventas al extranjero del sector.
La declaración de otros dos focos el 9 y 18 de febrero en la localidad vallisoletana de Íscar, así como en otros puntos de las provincias de Huelva y Sevilla, empeoran esta situación. La primera consecuencia fue que los países que establecían entre sus requisitos de importación que los animales o mercancías de este origen procediesen de un país libre de la enfermedad bloquearon sus certificados para cumplir con ese requisito. Esto supuso el cierre de las fronteras de 38 de los 254 países actualmente disponibles para la exportación, tanto de productos destinados a consumo humano como con fines técnicos o para la alimentación animal.
A estas restricciones se suma que algunos países van solicitando «requisitos puntuales» para poder realizar exportaciones desde España, como aseguran desde la Delegación del Gobierno, como son la prohibición de envío desde las provincias afectadas en algunos casos, la indicación de aspectos concretos en los certificados o la regionalización y la aplicación de tratamientos térmicos que aseguren la inactivación del virus.
rusia e israel. De forma general, en Castilla y León, con una importante carga de exportaciones de genética aviar y huevos de consumo especialmente, se han bloqueado temporalmente destinos como Rusia –a partir de las provincias de Valladolid y Segovia– o Israel, que ha cerrado el comercio de aves vivas y han establecido nuevas condiciones para el envío de huevos de consumo y material genético.
Y no son los únicos
El último informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge que Arabia Saudí, China, Costa Rica, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Japón, Kuwait, Libia, Marruecos, México, Nueva Caledonia, Singapur y Sudáfrica han establecido restricciones o condiciones adicionales tras los focos de gripe aviar.
Aproximadamente el quince por ciento de la facturación del sector avícola de Castilla y León, uno de los principales de la Comunidad que se mantiene como la segunda en producción de huevos en España y la cuarta de pollos, procede de las exportaciones que el año pasado supusieron unos ingresos para las empresas superiores a los 87,6 millones de euros, según los datos facilitados por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
De esta cantidad global, más de 28 millones de euros proceden de las ventas realizadas dentro de la Unión Europea, que no tienen problemas de restricciones, así como las nacionales, que se siguen desarrollando con normalidad a excepción de las zonas afectadas por los focos, con una limitación de movimientos y operaciones en todas las explotaciones que se encuentren a diez kilómetros de la granja afectada.
Las exportaciones que sí se han visto perjudicadas son las que se realizan a los países anteriormente mencionados y que el año pasado, según los últimos datos facilitados por el ICEX, supusieron unos ingresos para las empresas castellanas y leonesas cercanos a los quince millones de euros y que la gripe aviar ha puesto en peligro.
Tres meses para volver a considerar una zona libre
España perdió el pasado mes de enero el estatus de país libre de influenza aviar por lo que hay países (38) que han bloqueado las exportaciones desde toda España.
A estos se suman otros destinos que solo prohiben las exportaciones desde las zonas infectadas, es decir la regionalización.Una vez adoptadas las medidas establecidas por la Unión Europea en dicha zona que implica una vigilancia a diez kilómetros de donde se detecta el foco inicial y que se realicen todas las operaciones de limpieza y desinfección en la explotación afectada, así como un análisis de las cercanas, es necesario un plazo de tres meses para poder volver a considerar esta zona como país libre una vez finalizado el sacrificio o destrucción de las aves.
Desde el Ministerio de Agricultura aclaran que, como ha ocurrido en casos anteriores, esperan que algunos países puedan adoptar medidas restrictivas adicionales a los productos procedentes de España.