La Junta de Gobierno local adjudicó a finales del pasado enero la gestión de la emblemática Cafetería Espolón a la empresa El Mar en la Tierra por un canon anual de 4.840 euros y diez años de explotación. Se presentaron otras tres propuestas y una de ellas, concretamente  la de Vermutería Victoria, ha decidido llevar a los tribunales el acuerdo previo del 13 de ese mes por el que quedó excluida del concurso.

La representación legal de la empresa ya ha dado los primeros pasos en el procedimiento judicial con la interposición de un recurso ante el Juzgado Contecioso-Administrativo que corresponda. En ese trámite inicial de comunicación, reclama «el expediente administrativo» al Ayuntamiento, para lo que existe un plazo establecido de 20 días, con el fin de que una vez analizado se formalice la demanda, explican desde Área Global.

Vermutería Victoria, cuyo propietario es Fernando de la Varga, presidente de la Federación de Hostelería, quedó excluida del arrendamiento municipal en una primera ronda, ya que los técnicos municipales vieron inviable la propuesta. En líneas generales, planteaba generar un mirador sobre el río Arlanzón para ubicar allí una terraza, una intervención que, según el Ayuntamiento, no podría estar permitida por la protección del entorno, incluido el edificio. 

Es aquí donde se sustenta el principal motivo recurso, ya que, según las mismas fuentes, en el pliego de condiciones no se recogía la catalogación del Teatro Principal, donde está ubicado el local, como Bien de Interés Cultural (BIC) y las limitaciones que conlleva, «máxime cuando no se solicitaba presentar el proyecto de un arquitecto».

En este sentido, añaden que esta circunstancia debería haber tenido como consecuencia que «no se hubiera puntuado» el apartado de la actuaciones planteadas en el inmueble, así como su importancia, pero no que directamente se excluyera a la firma del concurso.

En la notificación de exclusión recibida por De la Varga solo se contempla la presentación de un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y es la vía por la que ha optado para mostrar su disconformidad con la decisión de la Junta de Gobierno.

De esta forma, continúa la polémica en torno a este establecimiento, cuyo arrendatario anterior tuvo que abandonar el local en diciembre de 2020 tras un pronunciamiento judicial y acumular deudas.

El Ayuntamiento sacó de nuevo su explotación a concurso en marzo del año pasado, con un canon inicial de 2.000 euros. No ha sido hasta enero cuando se ha producido su adjudicación.

El nuevo gestor realizará obras y prevé abrir en Semana Santa las puertas del café.