Colectivos feministas y sindicatos han recurrido la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones por el Día de la Mujer porque "criminaliza a las mujeres", mientras la vicepresidenta Carmen Calvo ha argumentado que los datos epidemiológicos de la región avalan esta decisión.
Esta polémica se produce un año después de que la manifestación en Madrid en marzo de 2020, multitudinaria pero menos masiva que en años anteriores, se convirtiera en un eje de enfrentamiento político que no zanjó ni la Justicia, por su celebración en los primeros momentos de la pandemia.
Ahora, después de que la Delegación del Gobierno en Madrid anunciase que prohibía, por motivos de "salud pública", todas las manifestaciones convocadas para el 7 y el 8 de marzo, el Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8M y los sindicatos UGT y CCOO han anunciado este viernes que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
A las tres de la tarde, el TSJM ya había recibido siete recursos que la Sección Décima de lo Contencioso-Administrativo estudiará este sábado por la tarde en tres vistas públicas, han informado desde el alto tribunal.
Es posible que se registren más recursos a través de la plataforma LexNet, según la fuentes, que precisan que podrán resolverse de forma conjunta o bien individual, a criterio de la sección correspondiente.
El Movimiento Feminista ha afirmado en rueda de prensa que sus integrantes están "indignadas y perplejas" con una medida que, según denuncian, vulnera su derecho de manifestación y supone un "ataque sin precedentes propio de otros tiempos", que sólo "criminaliza a las mujeres".
Conscientes de que su recurso "sólo va a tener repercusión mediática" y que el TSJM puede que resuelva "después del 8 de marzo", el Movimiento Feminista de Madrid ha querido "dejar constancia" de su desacuerdo con una decisión que considera "anticonstitucional".
Sin embargo, UGT y CCOO sí reclaman al tribunal que suspenda "la ejecución de la resolución impugnada, dado que su aplicación supondría que perdiera la finalidad legítima el recurso en caso de ser estimado".
"Llevamos trabajando seis meses en este 8M, hemos pautado y medido al milímetro cada acto porque somos conscientes de la situación pandémica, pero no se puede hacer esa tabla rasa, meter a todos en el mismo saco y reducir a cero los actos de las mujeres. Con ello no estás haciendo una defensa de la salud pública, sino demonizando a las mujeres", ha denunciado Ana Sánchez de la Coba.
Esta portavoz ha puesto de relieve que Madrid es una de las comunidades con medidas sanitarias "más laxas".
Las portavoces feministas han instado a "recapacitar" a la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha apoyado la prohibición por los datos que arroja Madrid, y han afirmado que "es hacerle el juego a la extrema derecha", a la que sí se han autorizado manifestaciones, al igual que se han permitido marchas a favor de la sanidad y educación y conciertos de más de 5.000 personas en recintos cerrados.
Desde el Ejecutivo, Carmen Calvo ha argumentado que las manifestaciones de Madrid se prohíben por los datos que arroja la capital y ha asegurado que "no hay ningún ánimo de estar en contra de la gran contestación que la sociedad tiene que dar el 8 de marzo", que el Gobierno reivindicará en otros actos.
"Cualquier manifestación en Madrid es siempre la más grande, la más importante", ha afirmado, sosteniendo que "otro tipo de manifestaciones más pequeñas, mas acotadas, en cualquier otro lugar de España pueden ser más asumibles y en Madrid pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo".
Por su parte, el PP ha respaldado la decisión de prohibir todas las manifestaciones en Madrid y defiende que sus críticas a la protesta de 2020 no se dirigen al movimiento feminista, sino al Gobierno de Pedro Sánchez por permitir las marchas teniendo información sobre el riesgo de contagio, en palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido un "esfuerzo de coherencia" al Ejecutivo y que los delegados del Gobierno en las distintas comunidades mantengan una postura "uniforme", porque opina que "hay el mismo riesgo en Madrid que en cualquier otra comunidad autónoma".
El primer edil ha reiterado que "no procede que se celebren este año manifestaciones", pero "lo que no puede ser es que se señala a Madrid como un foco de contagio".
En esta línea trece sociedades científicas han consensuado un documento en el que apoyan la prohibición o denegación de las autorizaciones para la celebración de reuniones que excedan los límites de las recomendaciones vigentes, como eventos que fomenten la aglomeración o aumenten el riesgo de transmisión de la covid-19.
Estas sociedades científicas recuerdan en un comunicado difundido este viernes la "necesidad" de mantener las medidas de prevención de contagios en la región "ante la elevada ocupación de las UCI" en Madrid.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha criticado la prohibición al estimar que se trata de una "limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica establecido en el Derecho Internacional".