La avalancha de ERTE ha llevado prácticamente al colapso del SEPE, el servicio estatal de empleo y ha puesto en jaque a miles de empleados que, tras el cese de actividad por el confinamiento, aún no han percibido sus subsidios de paro. Los funcionarios de este organismo gestionaron en el pasado abril más de 3,3 millones de prestaciones por desempleo individuales, cifra que multiplica por siete (+530%) a la registrada en todo el año 2019, cuando activó 511.848 expedientes.
La cifra de trabajadores que no han cobrado desde marzo ninguna ayuda ni salario se aproxima al millón de personas, y solo en Cataluña hay más de 80.000, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Son miles los casos en España de personas que están atravesando una situación de vulnerabilidad y pobreza. Así, la asociación Hostelería Madrid criticó «la situación extrema» que sufre el 40% de los trabajadores del sector hostelero que se encuentran en situación de ERTE y no han empezado aún a cobrar.
El sindicato aseguró en un informe sobre los retrasos en el SEPE, que la plantilla solo se ha incrementado un 10%, con 780 interinos más, «pese a que el Gobierno se comprometió a hacerlo en 1.000 trabajadores hace dos meses», hasta totalizar en 7.892 personas. Según denuncia el sindicato, en los últimos cuatro años, esta plantilla se ha visto reducida en 1.000 trabajadores y presenta una tasa de temporalidad cercana al 20%.
En este sentido, da por sentado que miles de personas afectadas por un ERTE (y otras prestaciones por desempleo extraordinarias) siguen pendientes de percibir sus ingresos, «pese a las reiteradas afirmaciones por parte de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que indica ser una cuestión resuelta».
El CSIF ha explicado que la demora se debe a que el SEPE tuvo que hacer frente a «cientos de miles de expedientes desde el 26 de marzo sin ni siquiera disponer de una plantilla para gestionar la descomunal carga de trabajo».
Por provincias, el mayor incremento se ha dado en Palma de Mallorca, con un alza respecto a 2019 del 1.300%. Por detrás, le siguen las provincias de Álava (+950%), Girona (+902%), Barcelona (+853%), Madrid (+810%).
Hasta abril, el número de procedimientos colectivos presentados entre la segunda quincena de marzo y el mes de abril ascendió a 552.492, con más de 2,8 millones personas incluidas. Asimismo, resalta que se ha atendido la gestión y abono de más de 5,1 millones de prestaciones individuales en el mes de mayo, 10 veces más expedientes que en el mismo mes de 2019.
Por otro lado, apunta, que los retrasos se deben también a que la autoridad laboral entró «en colapso» para acreditar la causa de fuerza mayor, «teniéndose que ampliar en un número significativo de provincias el plazo de resolución».
La organización que lidera Miguel Borras ha mostrado su «preocupación» ante los mensajes en redes que tachan de «incompetente» la actuación de los empleados del SEPE.
«Si desde el Gobierno no se actúa de inmediato, exponiendo las tremendas dificultades, tendrá consecuencias dramáticas», ha alertado.