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Un secretario será juzgado por estafar a 4 ayuntamientos

P.C.P.
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Se enfrenta a siete años de prisión por cobrar más dinero del que legalmente le correspondía

El funcionario de la administración local será juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial de Burgos. - Foto: Alberto Rodrigo

Un funcionario de la administración local será juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial de Burgos como sospechoso de estafar a 4 ayuntamientos de la provincia para cobrar más dinero del que legalmente le correspondía. Se enfrenta a 7 años de prisión. El acusado era secretario de clase 3 en el Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón. En 2010 la Junta le autorizó a acumular las funciones de la agrupación de municipios de San Millán de Lara, Barbadillo del Pez, Vizcaínos, Tinieblas de la Sierra y Jaramillo de la Fuente. Por esta labor la normativa establece que no puede percibir más del 30% de su salario en el puesto principal, 2.143 euros netos (2.878,67 brutos). 

Sin embargo, según la Fiscalía, C.O.N.L. «de forma constante y reiterada, ha venido percibiendo como pago mensual por sus servicios prestados, (sin distinguir en ningún caso gratificaciones de indemnizaciones) cantidades que oscilan entre los 270 y los 1.290 euros por ayuntamiento de la agrupación (todos, salvo San Millán de Lara).

Dos concejales de Cerezo pusieron en la pista de las supuestas irregularidades a la Junta. El fiscal sostiene que además de no informar a los alcaldes de la agrupación de esa limitación del 30% para «obtener un inmediato beneficio patrimonial», se aprovechó de «la facultad de disposición del dinero titularidad del ayuntamiento» de la que disfrutaba por su condición de secretario.

Además, redactó un escrito firmado por el presidente de la agrupación de municipios -que no ha quedado acreditado que conociese su contenido- en el que aseguraba que recibía 850 euros mensuales de todos, lo que no se ajustaba a la realidad. 

Por ello, el fiscal le pide 4 años de prisión, 3 de inhabilitación para el puesto de secretario y 4.320 euros de multa como presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial, además de otros 3 años de cárcel por la estafa o, alternativamente, apropiación indebida. Si resulta condenado, tendría que devolver a los 4 ayuntamientos afectados las cantidades cobradas indebidamente.