La situación irregular del edificio Orfeón Arandino está cercana a su eliminación. Si hace un año la Dirección General de Vivienda de la Junta de Castilla y León estimaba que había 62 viviendas ocupadas de manera ilícita, ahora la cifra se ha reducido a sólo una ocupación, que se ha producido en un momento que no precisan estas fuentes oficiales pero que corresponde a uno de los 16 pisos que se tapiaron en su día.
El índice de viviendas habitadas en la actualidad asciende a la totalidad de las que están disponibles, es decir, un centenar, aunque en algunas reside más de una familia, ya que los registros que maneja la administración regional es que en este inmueble de alquiler social hay 107 familias.
Mientras los inquilinos de este edificio han denunciado en múltiples ocasiones el mal estado en el que se encuentra el inmueble, construido en 1986, desde la Junta no hay planteamiento alguno inversor en el mismo. «Las últimas obras realizadas, que fueron la reposición de contadores sustraídos y arreglo del tendido eléctrico, ascendieron a 465.000 euros. Debido al elevado coste de estas reparaciones y a su origen claramente incívico, no hay previstas nuevas obras», constatan desde la Dirección General de Vivienda de la Junta, añadiendo de manera escueta que «el edificio no presenta patologías estructurales». Más allá de esos arreglos de la infraestructura eléctrica del inmueble, llevados a cabo en el año 2020, desde 2014 se han ido realizando arreglos de urgencia con una inversión de 654.000 euros, con los que se llevaron a cabo trabajos en el semisótano, los patios, la fachada o la cubierta, que se amplió junto con los aleros, para concluir en 2016 con más obras en los sótanos. La última actuación en el edificio fue a finales de 2018 en la fachada sur, en la que se había producido un abombamiento que corría el riesgo de provocar un peligroso derrumbe.
Labor de regularización. En estos momentos, desde la Dirección General de Vivienda se está trabajando en una puesta a punto de la documentación que afecta al edificio. «Ya hay contactos para regularizar la situación de los habitantes del Orfeón Arandino, en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero», avanzan desde este organismo oficial. «Lo que se intenta es que todo el mundo tenga un contrato de alquiler de la vivienda, que diga legalmente que la persona que está habitando el piso está al corriente de pago», especifican los técnicos de los CEAS arandinos, que se traduce en que «lo que se quiere es dar la oportunidad a la gente de tener un contrato social y que pueda empezar a pagar siendo el legítimo inquilino de dónde está viviendo».
Hace tres lustros se hizo el único estudio de diagnóstico de este edificio, a cargo de la Fundación Secretariado Gitano, y se constató que el 84% de los vecinos les gustaría habitar en otro lugar, sobre todo por el deterioro del edificio, aportando una larga lista de desperfectos como inexistencia de elementos como buzones, barandillas, timbres o telefonillos, además de humedades, grietas o tuberías estropeadas.