Los okupas tuvieron muy mala puntería y los afectados una capacidad de movilización admirable. La reciente historia de la invasión fallida de un chalé en Los Tomillares (Castrillo del Val), que ha acabado con final feliz para el Estado de Derecho, arroja varias lecciones de las que todo el mundo debería tomar nota cuando trate de lidiar con este tipo de procesos. La primera, que los actores principales no deberían ser tan torpes de elegir una propiedad colindante con una abogada y con la comercial de la inmobiliaria que la está intentando vender. Y la segunda y principal, que en estos casos la movilización vecinal inmediata es fundamental para parar a los asaltantes.

Los hechos tienen su origen una mañana cualquiera de finales de enero. Cerca del mediodía, unos desconocidos rompen la habitual paz de esta urbanización situada a 10 kilómetros de Burgos capital y al pie de la carretera de Logroño. Llegan con unas furgonetas, las plantan delante de una casa y empiezan a descargar pertenencias. En cuanto el primer vecino los ve, empieza a dar la voz de alarma. ¿Quiénes son esos? ¿Han vendido el chalé del banco?

La propiedad estaba en manos de una entidad financiera, anunciada con sus correspondientes carteles, pero comercializada por una conocida inmobiliaria burgalesa. Con tan mala pata para los okupas que la trabajadora de la agencia encargada de venderla era una de las vecinas más cercanas. 

La rapidez vecinal frustra una okupación en Los Tomillares

La otra es abogada, y entre ambas, junto con otros vecinos, empezaron a moverse como el rayo, una rapidez que resultó determinante. Avisaron a Iberdrola, a la compañía de Aguas y al Consistorio de la localidad. "Enseguida llamamos a la Guardia Civil, que se presentó allí y prácticamente lo estuvo viendo en directo", relata la letrada. Los ocupas enarbolaron un contrato de alquiler que al parecer les había hecho un ruso, pero evidentemente era falso.

En el ajo se vio envuelto también el alcalde, Jorge Mínguez, quien explica que aunque "el Ayuntamiento poco puede hacer en este tipo de casos", su objetivo fue "sumarse como un vecino más y dar apoyo incondicional al resto" acompañándolos a presentar la correspondiente denuncia.

No les dio tiempo esa misma tarde porque el Juzgado de Guardia cerraba a las 20 horas, pero a la mañana siguiente la interpusieron, tanto el banco propietario en Madrid como la inmobiliaria en Burgos. Como bien sabe buena parte de los que han padecido casos similares, cuando se trata de una okupación la ley no siempre va de la mano del sentido común. Hay propietarios que se desesperan durante meses y vecinos que sufren lo indecible cuando se mete gente ajena en la casa de al lado, y por eso lo que intentaron demostrar los afectados de Tomillares es que aquello no era todavía "una situación consolidada" y por supuesto que los ocupantes no tenían título legal ninguno que los habilitase.

La rapidez vecinal frustra una okupación en Los Tomillares

Suerte con la jueza. Fueron muy vivos. Pero también tuvieron suerte con la sorprendente agilización de trámites en los juzgados y con la jueza que les tocó. Su Señoría se pronunció en quince días, pues a primeros de febrero emitió una resolución en la que se acuerda el desalojo de los ocupantes del inmueble y se establece una fecha y una hora concretas para ello. Merece la pena leer con detenimiento los argumentos de la magistrada: "Confrontan en este caso por un lado el derecho de la propiedad (...) por el que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sin causa justificada de utilidad pública o interés social (...) y por otro lado, el derecho a una vivienda digna y adecuada" que se recogen el artículo 47 de la Constitución española.

Ella debe dirimir entre garantizar uno u otro y determina que ninguna ley da cobijo a la ocupación "entendida como usurpación de la posesión de un bien inmueble a su legítimo propietario". Por ello, considera la medida solicitada por los denunciantes como "proporcionada, necesaria y adecuada, tanto para impedir la continuidad delictiva como para evitar los daños y perjuicios que se ocasionen al propietario".

Volviendo al testimonio de una de las vecinas afectadas, reitera que su ejemplo debe "servir como aliciente sobre la necesidad de un protocolo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para actuar en este tipo de ocasiones", mientras el alcalde apunta que a la vista de este incidente se han puesto en contacto con las dos entidades financieras que tienen propiedades a la venta en Castrillo del Val "para que procedan a poner medidas de seguridad adicionales, como por ejemplo una alarma, porque en ese caso, si cuentan con algo así, la okupación se convierte en allanamiento". 

La rapidez vecinal frustra una okupación en Los Tomillares

La historia de esta invasión frustrada acabó felizmente, con la propiedad recuperando su inmueble, pero con el objetivo de evitar que se repitan sustos así, el regidor de Castrillo recomienda retirar los carteles de ‘Se Vende’ para no dar tantas pistas a los amigos de lo ajeno. 

"Es simplemente una invitación, pero los dueños tienen la capacidad de actuar como quieran. De todos es conocido que existen otros cauces alternativos para anunciar una propiedad, como los portales de ventaen  internet o los de las inmobiliarias y de los propios bancos", dice Jorge Mínguez. 

Todo con tal de blindarse ante la amenaza de parásitos como los que tan bien y tan recientemente ha retratado una multioscarizada película coreana.