Después de que el pasado mes de junio la Universidad de Burgos lograra 1,1 millones de euros para la adquisición de equipamiento científico, la Consejería de Educación acaba de resolver la convocatoria para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación dirigida a instituciones públicas de la Comunidad. En esta ocasión, el campus burgalés recibirá 777.000 euros, que le permitirán incorporar a su plantilla a 21 profesionales.

Este programa está dirigido a jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con dos tipos de perfiles. Por un lado, los que se encuentran en posición de un título de técnico o de técnico superior de FP. Y, por otro, los universitarios recién graduados. La Junta convoca 30 ayudas para los primeros y 50 para los segundos, habiendo correspondido a la UBU nueve y 12, respectivamente. El importe de los contratos es de 18.500 euros por cada una de las dos anualidades laborales contempladas, incluyendo los salarios y cuotas de pago a la Seguridad Social.

Previamente a la publicación en enero de la convocatoria, la institución académica local realizó una serie de peticiones que respondían a sus necesidades con el fin de que los aspirantes pudieran elegir entre sus preferencias, aspecto que tiene en cuenta el Gobierno regional, al igual que la nota media, a la hora de asignar las ayudas. Los contratos se firmarán en 15 días.

La propuesta realizada por la UBU tiene por objeto la incorporación de técnicos para el apoyo a «estructuras» del campus como es el caso de la prevención de riesgos laborales, la internacionalización, el centro de enseñanza virtual, la Biblioteca, el Parque Científico, la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTRI) y el respaldo a las tareas de gestión de proyectos. 

El vicerrector de Investigación, José Miguel García, valora de forma positiva el resultado de la UBU en esta convocatoria, en la que se sitúa en niveles similares a la Universidad de León, con 23 profesionales, y a la de Salamanca (22). Por el contrario, Valladolid solo consigue catorce. Asegura que las demandas de la institución burgalesa obedecen a un incremento de la producción científica que obliga a reforzar el personal existente.

García explica que son numerosas y laboriosas las tareas que giran en torno a la petición de proyectos de investigación a las administraciones públicas, como es el caso de la gestión de los mismos, una cuestión «clave» para lograr su consecución. A modo de ejemplo, precisa que la nueva Ley de la Ciencia incluye a los gestores como «personal científico» y subraya que este tipo de programas van dirigidos a potenciar este trabajo no solo con personal de apoyo a los investigadores en los laboratorios, sino en «todo el marco científico» de la Universidad de forma transversal.