El alcohol y la velocidad han estado siempre detrás de una mayoría de los accidentes de circulación y la Dirección General de Tráfico (DGT), con buen criterio, puso el foco sobre estos dos factores para tratar rebajar la siniestralidad vial en las carreteras españolas. A la par que la Administración iniciaba su cruzada contra quienes conducen ebrios y pisan demasiado el acelerador, las empresas especializadas en seguridad vial empezaron a desarrollar herramientas que permiten efectuar un control tenaz sobre los infractores. Los radares tienen ya un precio asumible y han ganado en precisión, lo que les permite poner en Burgos 85.000 multas al año, que se dice pronto. Y los alcoholímetros se han abaratado tanto que la Guardia Civil es capaz de practicar más de 700 controles cada fin de semana. 

Pues bien, a estas dos causas de accidente se ha unido otra, y con mucha fuerza, los despistes como consecuencia del uso de teléfonos móviles y navegadores mientras se va conduciendo. Estas distracciones están detrás de cerca de la mitad de los siniestros mortales que se producen en la provincia. No lo dice quien suscribe, lo advierte el jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán. Por tanto, ¿no habría que poner más énfasis en vigilar estas conductas? ¿No tendría la DGT que detraer una parte del gasto en radares para desarrollar instrumentos que ayuden a detectar el uso del teléfono al volante? Quizá con simples cámaras en los laterales de las carreteras a la altura de los conductores bastaría para sorprenderles y multarles.

Porque no nos engañemos, una gran mayoría de la población no modifica su comportamiento si no hay un castigo de por medio. Es triste pero es así. La concienciación, la cultura de seguridad vial y la educación, como recetan el propio Galán y el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, no son suficientes. Solo hay que recordar que el gran descenso de la siniestralidad vial en este país, después de unos años 90 e inicios de 2000 con datos pavorosos de fallecidos, vino antecedido de dos medidas legislativas. Por un lado, la puesta en marcha del carné por puntos. Y, por otro, la conversión en delito de lo que hasta ese momento eran meras infracciones.