Los sindicatos y los partidos políticos de la oposición hicieron ayer un frente común ante las palabras del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien dejó entrever el retraso en la aplicación de la jornada de 35 horas para los 80.000 empleados públicos de la Comunidad ante el impacto de 120 millones en las cuentas públicas.

Las declaraciones de Igea, que justificó el aplazamiento en el inasumible gasto para la Junta por la falta de presupuestos y agravado por la deuda del Gobierno en las entregas a cuenta, provocaron ayer una tormenta entre los representantes de los trabajadores y en PSOE y Podemos, principales partidos de la oposición.

CSIF, UGT y CCOO acordaron dar una respuesta «contundente, acorde con la gravedad» del anuncio del vicepresidente. «Pese a los intentos de las tres organizaciones sindicales de mantener una reunión con el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, para hacer seguimiento de los acuerdos firmados, hemos tenido que enterarnos por la prensa de la decisión de la Junta de incumplir los acuerdos firmados sobre el establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales», indicaron.

La Junta cometió al menos dos errores de un «tamaño desconocido» hasta el momento: incumplir los acuerdos firmados y faltar al respeto a los más de 80.000 empleados públicos de la Comunidad y a sus legítimos representantes, según explicaron estos sindicatos.

«Las razones esgrimidas por el portavoz de la Junta son, por un lado, un intento claro de carácter electoralista, tomando como rehenes a todo el personal, y por otro, se basan en unos datos económicos exagerados, completamente alejados de la realidad», señalaron.

CSIF, UGT y CCOO acudirán a la reunión el próximo 24 de septiembre (convocada en paralelo a las declaraciones del portavoz) con una posición firme en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos, y con una propuesta concreta de movilizaciones en caso de que finalmente ocurra lo anunciado.

También el sindicato médico Cesm exigió el cumplimiento de los acuerdos firmados y la reunión de la Mesa de Empleados Públicos para negociar la aplicación inmediata de la jornada de 35 horas. Esta organización reclama a la Junta que «se aclaren y se pongan de acuerdo», ya que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, había mostrado su «inequívoco» compromiso con las 35 horas, según informa Ical.

Los empleados públicos se merecen un respeto y «estos gestores no lo están demostrando», dijo.

sin palabra. El líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, acusó a la Junta de «no tener palabra» y recordó al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sus propias palabras diciendo que era «imparable» su aplicación. En declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces, Tudanca sentenció que el Ejecutivo «puede echar las culpas al empedrado», pero subrayó que en mayo conocía el escenario presupuestario.

«El señor Mañueco tiene que cumplir su palabra porque si no lo que es imparable es su caradura», argumentó el dirigente socialista.

El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), también lamentó que la Junta «incumpla lo que dice y firma». «De qué sirve la palabra y los acuerdos, si luego se desentiende y miente», señaló.

Por su parte, el popular Raúl de la Hoz se quedó solo en defensa de la «voluntad inquebrantable» de la Junta para aplicar la jornada de las 35 horas pactada con los sindicatos, pero subrayó que «no se pueden hacer imposibles» ante la falta de capacidad financiera y del «bloqueo» de 440 millones a la Comunidad.

De la Hoz compartió el argumento de Francisco Igea, que ligó el retraso a un coste de 120 millones que no tienen por la falta de ingresos.