El encuentro entre empresarios (representados por FAE, promotores de energías renovables y empresas instaladoras) y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Miguel Jiménez, a la cabeza) ha servido para despejar el futuro de más 50 millones en inversiones desembolsados en los últimos meses para el desarrollo de parques fotovoltaicos en Burgos. La Junta se ha comprometido a modificar el Decreto Ley 2/2022 y, sobre todo, a realizar cambios en los criterios que fijan el límite de 500 metros de los casos urbanos y polígonos industriales en los que se prohíben este tipo de instalaciones.

En el encuentro, celebrado el pasado miércoles 31 de agosto, se escucharon las propuestas sostenidas por los empresarios y hubo un compromiso por parte del representante de la Junta de incorporarlas para mejorar el decreto ley que entró en vigor el pasado 24 de junio y que, de facto, ha supuesto una paralización en la tramitación de buena parte de los parques fotovoltaicos en marcha.

En concreto, según explican desde FAE y las empresas afectadas, las modificaciones previstas supondrían cambios en el límite de los 500 metros a los núcleos urbanos, estableciendo la distancia a tener en consideración la que va desde el límite del suelo urbano hasta donde se ubiquen, exactamente, los módulos solares o cualquier otro elemento constructivo de la planta solar. Se descartarían así los límites de la parcela elegida para el proyecto, muchas de ellas colindantes a suelo urbano, aunque su tamaño permita colocar paneles a 500 metros de distancia.

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