La bandera del feminismo ondea más visible que nunca. Tanto que los políticos, casi de todos los colores, se agarran a su mástil e incluso pelean por ver cuál  lo maneja más y mejor. Pero este movimiento va más allá de modas. Y de periodos electorales. Y de siglas. Y de programas. Hunde sus raíces en el pasado y la pelea por los derechos de la mujer continúa. ¿Avanza? Sí. Pero queda mucha carrera antes de llegar a la meta. Susana Rioseras, Susana Menéndez y Silvia de Santos conocen bien la distancia recorrida y, sobre todo, la que queda por completar.  

«El feminismo está demostrando que hay otro modelo de gestión de base social que pone en el centro la vida, donde priman los intereses de la gente frente a los del gran capital y son las mujeres las que tiran del carro a todos los niveles (...). Este movimiento no solo busca igualdad, sino también un cambio de modelo del sistema entero, hacia uno que no sea genocida, feminicida ni destructor del planeta», introduce Susana Rioseras, profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, artista y veterana militante feminista.  

Susana Menéndez, pedagoga de formación, especializada en estudios de género, con experiencia laboral en la Administración local, conviene con Rioseras en la necesidad de ese cambio de base. Pero el modelo es el que es. Y, con esas reglas de juego ya establecidas, defiende que también se puede transformar la realidad. Lamenta que no se haga. «No se pueden hacer políticas feministas sin tener un carácter transversal e interseccional. Es básico», anota y detecta como primer escollo la organización de los ayuntamientos con una concejalía en concreto dedicada a las políticas relacionadas con mujer e igualdad y manteniendo al margen al resto de áreas.

«No puedes planificar una política  que realmente revierta la situación de desigualdad sin tener en cuenta que todo lo que proyectes a nivel de empleo, cultura, educación e incluso interno del propio consistorio debe tener una perspectiva feminista, tanto en la propia política como en su ejecución y la valoración de su impacto», sostiene y asegura que es incomprensible que no exista ya porque sí hay herramientas legales para construirlo. «Lo que falta es que los partidos políticos, incluso las plataformas ciudadanas, lo integren de una manera real», apostilla.

¿A qué herramientas se refiere? A las leyes. La legislación, apunta, sí insta a las administraciones a tener en cuenta esa perspectiva de género. «Incluso Europa nos ha tirado de las orejas por no tener en cuenta tres directivas aprobadas en 2014 con carácter vinculante sobre la inclusión de cláusulas sociales», remacha.

Y es que, observa Menéndez, la contratación pública de los ayuntamientos supone entre el 18 y el 20% del PIB de España por lo que se trata de un agente económico «lo suficientemente importante como para influir en la organización de las empresas, planteando exigencias que reviertan la desigualdad del mercado laboral».

Puede supeditar o limitar la adjudicación de esos contratos públicos, continúa, a que sean empresas que no discriminen la contratación de mujeres, que la organización de sus tiempos productivos nos permitan vivir, temas de corresponsabilidad... «a que yo por ser mujer no acabe relegada a vivir en precariedad, ya no solo cuando trabajo, sino también de cara a la jubilación».

«Es importante que los ayuntamientos planteen políticas transversales y no solo con el nombre, sino con contenido detrás, con una coordinación entre diferentes áreas municipales y una planificación  en la contratación pública. Esto es muy básico y parece de menor calado, pero no lo es», destaca y, para quien tenga oídos, enumera medidas a modo de ejemplo.

Alerta sobre los riesgos de la cada vez mayor externalización de los servicios, que, dice, al hacerlo en los sectores más feminizados como la ayuda a domicilio, la atención a la infancia o la limpieza, se precariza más el trabajo de las mujeres. «Los ayuntamientos no pueden abundar en ello. Hay que remunicipalizar determinados servicios que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y necesidades», prosigue la profesora al tiempo que determina que son necesarios informes de impacto de género en la regulación de las ordenanzas fiscales para acabar con la desigualdad de hombres y mujeres, vigilar los patrocinios a los equipos deportivos para que fomenten la participación femenina, dar visibilidad a figuras con un papel relevante en la historia de la ciudad en las placas de calles y plazas... Une todo esto a los planes internos a desarrollar por la administración local para valorar la igualdad en su propia plantilla.

Rioseras asiente y aboga por la remunicipalización de todos los servicios sociales, la educación y la sanidad. «También los bienes estratégicos como las comunicaciones o la energía».

Dos ismos se juntan en Silvia de Santos: ecologismo y feminismo. El ecofeminismo es el área de actuación de esta arquitecta especializada en bioconstrucción, que colabora como docente en el máster de Biología del hábitat del Instituto Español de Bioconstrucción, además de ser miembro de Ecologistas en Acción.

«Cómo puede ser que la emergencia climática que vivimos ahora mismo se obvie. El patrimonio natural es tan importante como la Catedral. Hay unos acuerdos de París que nadie cumple. Esto parece que es a nivel mundial, que en el local no es importante, pero lo es, y mucho. Por ejemplo, nos encontramos unas zonas inundables habitadas, que lo están con la responsabilidad de los ayuntamientos que permiten la construcción de viviendas con los consiguientes desastres naturales», destaca e incorpora aquí el feminismo porque estas catástrofes ecológicas son peores para las mujeres. «Ellas cargan con ellas porque son el colectivo que cuida a las personas dependientes y ese deterioro ambiental repercute en su trabajo», aclara.

Pero no hacen falta situaciones tan extremas. Ese deterioro de la naturaleza, que afecta especialmente a la mujer, también tiene sus efectos en el entorno más cercano. De Santos apela al sentido común de los representantes políticos.

«Hay que ser conscientes de los límites del planeta. Estamos viendo barbaridades a nivel autonómico y local como dar vía libre a la implantación de la fractura hidráulica dentro de la Comunidad, la creación de instalaciones ganaderas industriales o la contaminación con agrotóxicos como el glifosato. Esto significa que no importa crear zonas de sacrificio, en palabras de Naomi Klein (periodista y activista antiglobalización y anticapitalismo, autora del libro Esto lo cambia todo), lugares que no importa ser destruidos en aras de ese bien mayor que es el progreso económico. Y ahí las mujeres también somos daños colaterales», sostiene, lamenta que nadie se haya dado cuenta de esa urgencia climática ni de la importancia de la perspectiva de género, que apenas se escucha en boca de los políticos en campaña (y poco), y concluye: «Hay que gestionar la vida y una España vaciada no genera vida».  

Y si de barbaridades se trata, Rioseras pide la palabra. «Tenemos Burgos lleno de prostíbulos. No podemos permitir esos guetos de esclavismo enfrente de casa y mirar hacia otro lado cuando las mujeres estamos siendo explotadas», enfatiza y conmina a los que dicen representar a todos los ciudadanos a afrontar esta realidad.  

«El movimiento feminista está viendo como una irresponsabilidad como están planteando los temas de género, cómo están intentando que se involucione. Los políticos tienen una responsabilidad social y cuando cogen un micrófono tienen que saber bien de lo que hablan, si no sé lo que es feminismo no puedo incendiar a la opinión pública y volver a plantear este asunto como una lucha de sexos», se explaya Susana Menéndez, que exige, con el asentimiento de sus compañeras de terna, implicación de la sociedad y más responsabilidad de quienes tienen la portavocía pública: «Revertirá en una sociedad más habitable para hombres y mujeres. Es inadmisible que se cuestionen leyes como la violencia de género. Están matando a mujeres y se trivializa. Estamos en 2019 y hay cosas que hay que dejar claras».

A Susana Rioseras y Silvia de Santos solo les falta decir amén.