Algún ciudadano con más cara que espalda debe pensar que falsificar una tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas no es más que una chiquillada, como la del adolescente que engaña a sus padres con las notas de fin de curso. Pues están muy confundidos, pues estas conductas no es que acarreen una multa es que los juzgados ya las están castigando con penas de prisión. Las campañas de la Policía Local de Burgos para detectar este tipo de fraude están dando sus frutos, sus denuncias llegan a los jueces y estos están dictando condenas de, como mínimo, sis meses de cárcel. 

En una sentencia firme, con la confirmación ya de la Audiencia Provincial, el juzgado de lo penal número 1 de Burgos ha condenado a un vecino de la ciudad a la pena de medio año de cárcel por estacionar su vehículo en una plaza reservada para personas con movilidad reducida, en concreto en la calle Sagrada Familia.

Agentes de la Policía Local que hacían la ronda un 25 de noviembre de 2019 observaron que la tarjeta colocada en el salpicadero en realidad era una fotocopia en color falsificada de otra tarjeta que el Ayuntamiento había emitido en el pasado a nombre del padre del acusado, que había muerto en 2013.

Este documento fraudulento tenía alterada la fecha de caducidad: octubre de 2014 había sido cambiado por octubre de 2019. Al margen de los seis meses de prisión por la comisión de un delito de falsedad en documento oficial, el acusado debe pagar una multa de 1.080 euros.

El condenado recurrió y alegó que «se veía a simple vista que la tarjeta era una fotocopia de otra», pero la Audiencia advierte de que sí, pero que la finalidad era «crear un documento íntegramente falso para hacerlo pasar por original, dada la calidad de la reproducción y al hecho de que fue modificada la fecha de caducidad». Los agentes ni vieron que era falsa en un principio.