Numerosos pleitos que se han seguido durante los últimos años contra alcaldes de la comarca, la mayoría por el delito de prevaricación, en ocasiones acompañado de otros, van llegando a su fin y son ya cinco los llamados a sentarse en el banquillo de los acusados. La primera será la alcaldesa socialista del Valle de Manzanedo, María del Carmen Saiz, cuyo juicio por el caso del cierre de los caminos públicos de Rioseco, se celebrará en marzo. Pero además, ya está cerrado el que se sigue contra el exalcalde de la pedanía espinosiega de Quintana de los Prados, Nicanor Fernández, tras suspenderse temporalmente el juicio que iba a tener en noviembre por prevaricación.
A las puertas de ser juzgados se encuentran también los asuntos que conciernen al alcalde de IM en Villarcayo, Adrián Serna, por el pago de ayudas a empresas locales, en el que el juez ve indicios de prevaricación, y al exalcalde socialista de la Merindad de Valdivielso, Jesús Arce, por un posible delito electoral. Mientras, la Audiencia Provincial lleva dos años pendiente de fijar la fecha del juicio al exalcalde pedáneo de San Martín de Losa, Benedicto Vadillo.
En medio de esta vorágine, el único caso que se ha archivado en 2021 y deja a la investigada, la exalcaldesa del PPde Villarcayo, Mercedes Alzola, libre de cualquier sospecha, es el del Campo de Aviación, nacido de la denuncia que en diciembre de 2016 presentaron a la Fiscalía los ediles de Ciudadanos y el PSOE. El pasado mes, la jueza dictó un auto de archivo que solo ha recurrido la socialista, Lidia Isla. No ve delito alguno en las decisiones que se adoptaron en la junta de gobierno local en 2009 y 2010, por las que se acordó la recepción parcial de las fases 1 y 2 (calles y espacios públicos)de la urbanización del Campo de Aviación, donde estaban proyectadas 600 viviendas que apenas quedaron en medio centenar con la crisis del ladrillo.
El caso de los caminos de Rioseco se lleva la palma en duración tras una década de instrucción. La edil del PP, Margarita Pérez, presentó la denuncia en 2011 y en marzo se decretó la apertura de juicio oral. El fiscal reclama 10 años de inhabilitación para cargo público a la regidora de Manzanedo por prevaricación. En este caso también están inmersos el exsecretario municipal, al que el fiscal pide 9 años de inhabilitación y cuatro ediles y exediles a los que se piden 9 y 8 años de inhabilitación. El fiscal señala que las decisiones tomadas en plenos de 2010 y 2012 no respondían al interés general, sino «al interés particular de Fuentehumorera S.L». María del Carmen Saiz tiene una segunda causa y será juzgada por prevaricación y malversación. El fiscal le pide otros 13 años de inhabilitación por el cobro de ayudas municipales en 2013 (110 euros), 2015 (150 euros)y 2016 (150 euros)sin cumplir el requisito de residir en el municipio, como se exigía.
Nicanor Fernández, alcalde pedáneo de Quintana de los Prados la pasada legislatura, será juzgado en la Audiencia Provincial por los delitos de prevaricación y desobediencia, por los que el fiscal le pide 10 años de inhabilitación para cargo público. En los cuatro años que gobernó no presentó cuentas de la pedanía a los vecinos ni ante las administraciones pertinentes como marca la ley. En ese tiempo solo convocó una sesión de la junta vecinal en 2106. Asimismo, nombró una secretaria de avanzada edad, que falleció en 2016 y después ya no nombró a nadie para este cargo.
Otro expedáneo con dos causas judiciales que le sentarán en el banquillo es el de San Martín de Losa, Benedicto Vadillo. En su haber tiene acusaciones por cinco delitos y la mayor petición de penas de la Fiscalía. Alcanzan los 17 años y 8 meses de prisión y 26, de inhabilitación para cargo público. Las diligencias del caso por los delitos malversación, estafa y falsedad, que denunció en 2013 la Asociación de Amigos de San Martín de Losa, se encuentran en la Audiencia Provincial desde hace dos años, pero el asunto no acaba de juzgarse porque hace cuatro años Vadillo pidió nombrar un perito que emitiera otro informe de las cuentas de la pedanía distinto al que realizó un funcionario para el Juzgado, pero no lo ha nombrado. Entre 2007 y 2013 ingresó más de 60.000 euros como alcalde, pero solo se considera que 30.682 carecen de justificación, mientras que la acusación particular eleva esta cifra a 44.588. Para justificarlos presentó tiques de restaurantes, autopistas o viajes a Zaragoza, Madrid o Vitoria.
Por una segunda causa, en septiembre se decretó la apertura de juicio oral por delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas, al aprobar en medio de irregularidades la Cuenta General de 2013 y el presupuesto de la pedanía de 2014.
Dos de Villarcayo. Mientras, el alcalde de Villarcayo también se verá ante un juez después de que este otoño, la Audiencia Provincial desestimara el recurso de apelación que presentó en 2019 contra el auto de Villarcayo que decretaba la apertura de juicio oral por el caso de las ayudas a cinco negocios del municipio. Las abonó al llegar al cargo en marzo de 2017 para cumplir lo que creía era un acuerdo de la última junta de gobierno celebrada en diciembre de 2016 por el equipo de gobierno saliente, de Cs y PSOE. Pero la juez dice que se trata de un borrador, puesto que el acta firmada que la secretaria municipal envió al correo gobiernomunicipal@villarcayo.org el 9 de marzo de 2017 ya no tenía entre sus acuerdos ningún punto sobre las ayudas.
El exalcalde de Villarcayo por Cs, Miguel de Lucio, también continúa investigado por contratar en 2016 al gerente del matadero sin abrir un expediente de selección de personal. En seis meses supuso un gasto de 52.000 euros. La juez emitió un auto en otoño, en el ve indicios de un delito de prevaricación administrativa, decretó la apertura de juicio oral y pidió a la acusación y Fiscalía que presentaran sus escritos de acusación. Por este caso estaban investigados los entonces ediles del grupo de gobierno, Adrián Serna, José Casado y José Eugenio Alonso de Porres, para quienes la causa ha quedado archivada.
Valdivielso tiene otro exalcalde del PSOE abocado al banquillo, después de que la Audiencia Provincial haya rechazado el recurso de Jesús Arce contra el auto de conclusión de la instrucción del Juzgado de Villarcayo por delito electoral. Creen los tribunales que existen «elementos indiciarios suficientes» como para decretar la apertura de juicio oral por autorizar empadronamientos en casas «inhabitadas e incluso inhabitables» de Panizares «con la finalidad de perjudicar a posibles candidaturas opuestas que se pudieran presentar en las elecciones» de 2019. La Fiscalía dice que tenía conocimiento previo de los problemas con el censo sin que llevase cabo actuación alguna para tratar de solucionarlos, lo que tacha de actuación «claramente dolosa».
Otro de los últimos casos abiertos tiene en el punto de mira al alcalde del PP de Sotoscueva, José Luis Azcona. En 2017 fue denunciado por el edil Juan Carlos Izaguirre. En junio, la jueza dictó un auto en el que considera que las decisiones que adoptó como alcalde pedáneo de Quisicedo en 2017 y 2018 pudieron «favorecer a la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga» y los hechos «podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación». Azcona presentó recurso de reforma en contra del auto, pero en diciembre, el fiscal pidió que se desestimase ese recurso.
Asimismo, en junio, un jurado popular consideró culpable al exalcalde pedáneo de Relloso (Valle de Losa), Félix Ángel Martínez, que fue condenado por malversación a 2 años de prisión, 4 de inhabilitación para cargo público y a devolver a la junta vecinal 30.000 euros que gastó entre 2007 y 2011 sin justificación alguna. En el Valle de Losa siguen investigados por un delito de prevaricación por omisión el alcalde del PP del municipio, Juan Antonio Gutiérrez, y el exalcalde pedáneo de Quincoces, Pablo Villaluenga. Les denunció la Asociación de Vecinos de la Hidesilla por no asfaltar sus calles.