Ningún municipio cumple criterios que limiten el alquiler

H.J.
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En toda la provincia de Burgos, solo Miranda de Ebro y Medina de Pomar podrían acercarse a los requisitos para ser declarados oficialmente «zonas tensionadas» en la futura Ley de Vivienda que acaba de iniciar su trámite

Tras la capital, Miranda es el municipio con los precios más caros. - Foto: A.B.

La presunta declaración como «zonas de mercado residencial tensionado» suena a chino en la España vaciada. Uno de los conceptos clave en la nueva Ley de Vivienda, que aprobó el Consejo de Ministros del 26 de octubre, es esta denominación que a partir de «criterios objetivos determinará la aplicación de diferentes medidas encaminadas a equilibrar y minorar los precios del alquiler en tales zonas». Es decir, que permitiría bajar los precios por imposición del poder público.

Los pormenores de su aplicación están por concretar primero en su elaboración en el seno del Ministerio de Transportes y posteriormente a lo largo del trámite parlamentario, así como la definición de estos parámetros, pero de lo que se sabe hasta ahora se baraja un doble concepto: por una parte, que los alquileres hayan subido a lo largo de un lustro más de cinco puntos por encima del IPC. Por otra, que el gasto medio en vivienda supere de media el 30% de los ingresos de los hogares. 

Siguiendo estos números, ni uno solo de los municipios de la provincia de Burgos cumpliría los criterios para ser declarado en su conjunto como «zona tensionada». José Muñoz, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, confirma que «tanto Burgos capital como la práctica totalidad de la provincia quedaría fuera de esos parámetros, tan sólo Miranda de Ebro y Medina de Pomar pudieran aproximarse». Se trata de las dos localidades más cercanas a cumplirlos, pero ni siquiera ellas se incluirían si analizamos los datos de forma detenida.

Muñoz señala a Miranda y Medina porque, según el Instituto Nacional de Estadística, ambas tuvieron un incremento del 13% y el 10% respectivamente en los precios de sus alquileres durante el periodo 2013-2018 (datos más recientes), mientras que el Índice de Precios al Consumo se elevó solamente un 3%. Ha de tenerse en cuenta que cuando la Ley de Vivienda entre en vigor, previsiblemente dentro de un par de años, los datos habrán cambiado, entre otras cosas porque la inflación está disparada en los últimos meses y eso se notará en la presunta subida de precios quinquenal. Y además, sucede ninguna de las dos localidades supera el 30% de ingresos destinados a vivienda, puesto que ambas se quedan en un 25%.

«No podemos asegurar si llegado el momento entrarían en la declaración de zonas tensionadas, pero no lo creo», apunta Muñoz. El gerente de la Cámara de la Propiedad recuerda también que serán las comunidades autónomas las que fijen los criterios.

Castilla y León en contra. Aquí ha de tenerse en cuenta que Castilla y León, como el resto de autonomías gobernadas por el PP, se ha mostrado contraria a lo que considera «políticas intervencionistas de Sánchez», según las definió el presidente Fernández Mañueco. «Mi Gobierno apuesta por incentivar, fomentar y ayudar a las personas con más dificultades», dijo el máximo responsable de la Junta hace ya varias semanas, en contraposición al planteamiento del Ejecutivo central.

Más allá de Medina y Miranda, en el criterio del tanto por ciento de ingresos destinados a la vivienda aparecen en los primeros puestos Burgos capital (24%), Salas de los Infantes (21%) o Villalbilla (20%). Ninguna llega al límite que ha barajado el Ministerio en el anteproyecto de ley.

En el caso de Miranda de Ebro, este periódico ya publicó hace unos días que la oferta de alquiler se ha convertido en muy insuficiente ante la elevada demanda y las inmobiliarias admitían que «el precio ha tendido al alza», entre otras cosas porque en Vitoria los pisos son más caro y hay profesionales de Álava que prefieren trasladarse unos kilómetros al sur para residir de forma más económica.

En Medina de Pomar, por su parte, explican desde la Inmobiliaria Bravo que, por mucho que los datos del INE reflejen un incremento entre 2015 y 2018, «en los tres últimos años los precios han estado muy estables, lo mismo que hace 20 años. Y aunque con la pandemia parecía que había más demanda en el tema del alquiler de segunda vivienda porque la gente quería trasladarse a zonas rurales, no ha sido nada exagerado y el mercado sigue más enfocado a la compraventa». La opción más tradicional.