Durante meses fue imposible y de repente se encontró la solución. El Ayuntamiento de Burgos y la Seguridad Social llegaron a un acuerdo a finales del año pasado y desde entonces se han podido emitir alrededor de 80 informes relacionados con el Ingreso Mínimo Vital que a su vez han permitido desbloquear otras tantas situaciones complejas, que sufren precisamente las personas y familias con menos recursos.
Tal y como recogió este periódico en el mes de septiembre, la clave del problema residía en que para tramitar el IMV se exige «un certificado expedido por los servicios sociales competentes», que deben determinar por ejemplo el domicilio real de los solicitantes o el grado de parentesco con otros empadronados en el mismo lugar, fundamental a la hora de calcular los ingresos de una unidad familiar.
Estos requisitos deben ser objetivables y por eso necesitan un «certificado». Pero los trabajadores sociales, que son quienes conocen la situación de las familias solicitantes, no pueden emitir algo considerado como tal, sino que necesitan la ratificación de la Secretaría General de los ayuntamientos o de la Diputación Provincial. Y los secretarios a su vez argumentaban que ellos no pueden conocer las circunstancias concretas de cada solicitante, porque no les corresponde a ellos y porque sería una tarea ingente para una sola persona.
El atasco se había convertido en un quebradero de cabeza no solo para los ayuntamientos y para la Seguridad Social, sino también para organizaciones como Cáritas que trabajan con personas vulnerables y que se veían impotentes a la hora de intentar buscar soluciones. En su día reclamaban «flexibilidad» ante un perfil de usuarios afectados que era precisamente los que están conviviendo en un mismo domicilio, personas sin hogar, inmigrantes que comparten un piso o que no disponen de un contrato de alquiler que les permita acreditar el empadronamiento.
Pero ahora está arreglado, o eso parece según explica la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez (...).
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