Se ha colocado en el ojo del huracán de las polémicas autonómicas tras el anuncio de un recorte de 20,3 millones de euros en subvenciones que, a juicio de los sindicatos y la patronal, supuso dinamitar el Diálogo Social. Precisamente este miércoles debía reunirse el Consejo pero la cita se ha pospuesto tras el positivo en covid del presidente Alfonso Fernández Mañueco. Ahora Veganzones se muestra más conciliador, pese a que UGT y CCOO le pidieron ayer «lealtad y que deje de mentir». 

¿Cómo valora estos 2 meses y 10 días que lleva usted en el cargo?

Estoy gratamente sorprendido por  cómo está trabajando el equipo de gobierno. Sí que es verdad que, hasta que se constituyeron las Cortes y se firmó el pacto de gobierno, hubo un periodo de tensión política, pero una vez resuelto todo, ha sido mucho más fácil. Somos dos partidos que tenemos mucho en común y también nuestras diferencias, pero hemos sido capaces de entendernos desde el primer Consejo de Gobierno. Tenemos más afinidad ideológica con el PP que con cualquier otro partido y eso facilita mucho el trabajo. 

¿Hay unidad de acción PP-Vox en el Gobierno regional?

La integración es fluida y no hay choques en los ámbitos de industria, comercio y empleo y en economía y hacienda, dos consejerías, de Vox y del PP, que compartimos edificio. Es fácil llegar a acuerdos porque compartimos una visión similar de la economía. Quizá nosotros estemos más implicados en la soberanía española energética e industrial, mientras el PP tiene una idea más afín a los postulados de la Agenda 2030. Nosotros somos de la 'agenda España', pero somos capaces de encontrar un punto intermedio.

Industria, comercio y empleo viven una gran incertidumbre.

Hasta ahora, las medidas de impulso de la actividad durante la pandemia han hecho el camino menos difícil. La tercera crisis -después de las de 2008 y 2013- ha contado con más liquidez y ha evitado los diez años de salida de la anterior crisis. Hasta ahora nos favorecía el incremento de la masa monetaria, un plus de inflación que tiraba del empleo, lo que ha provocado unos números positivos. Ahora, el temor es que nos hayamos pasado de frenada y que seamos capaces de mantener las buenas cifras de empleo en Castilla y León. Hay que contener la inflación y es muy importante contener esa parte de la subida de precios que aún no se ha trasladado a la sociedad y que soportan las empresas industriales y los costes salariales de sus plantillas. Los convenios colectivos están pactando subidas del 2,5% de media y eso es fundamental para que no se dispare la inflación. Empresas y trabajadores están haciendo un esfuerzo muy importante.

Deberíamos haber mantenido las centrales térmicas para no tener estos problemas de costes energéticos"

 

¿Con una inflación al 10,2% hay riesgo de que la economía regional entre en recesión?

Eso es lo que los agentes económicos nos están alertando. Nos dicen que aprovechemos el verano porque vienen curvas en otoño e invierno. Nadie sabe lo que va a pasar y menos los economistas. Hay que esperar a ver los indicadores adelantados de junio y julio de los sectores de servicios y manufactureros. Alemania ya muestra caídas que avisan de un PIB negativo... 

¿Ya tienen medidas preparada para apoyar a empresas y trabajadores?

Esta semana y la que viene nos hemos centrado en el diseño de los presupuestos de 2023, bajo las pautas de previsión de ingresos que nos da Hacienda. Queremos poner el máximo esfuerzo en que todos los recursos que podamos poner directamente en manos del destinatario final se canalicen sin intermediarios. Las ayudas deben ser lo más directas posibles y deben ser más cuantiosas en medidas como el facilitar el cambio de maquinaria en las empresas, la digitalización de las pymes, la ciberseguridad industrial, la formación especializada... Formamos a muchas personas que luego se nos van de la Comunidad. Hay que ofrecer oportunidades para que se queden aquí. Tenemos que cambiar la mentalidad de Castilla y León. Está tan interiorizado el problema de que aquí no hay oportunidades, de que hay que ir a Madrid, Barcelona o Valencia, que ya directamente no buscamos en nuestras propias empresas. Parte de la sociedad manda a sus hijos fuera porque creen que allí está el futuro. Hay que convencerles de que no, de que aquí hay oportunidades. Queremos potenciar el teletrabajo, dar las máximas facilidades para trabajar aquí . 

¿Qué es lo que vio 'que ustedes no creerían' (como dijo en las Cortes) respecto al marco del Diálogo Social?

Yo soy un fiel defensor del Diálogo Social. Ya lo dijo nuestro presidente [de Vox], Santiago Abascal, con la frase 'diálogo social, por supuesto'. El Diálogo Social debe existir, pero dedicándose a lo que realmente debe dedicarse. No puede tratar la financiación de los propios agentes del diálogo social [UGT, CCOO y Cecale de Castilla y León] sino temas como vivienda, dependencia, sector forestal, empleo, prevención de riesgos laborales, educación... He sido coordinador del Diálogo Social en el Consejo Económico y Social (CES) y lo conozco de primera mano. No es normal que los agentes del Diálogo Social participen en las propias medidas que están negociando. La Inspección General de Servicios ya advirtió que no podían ser juez y parte en muchas medidas, como las subvenciones públicas, y hay sentencias del TSJ en este sentido.

Ustedes han cifrado el ajuste en una reducción de 20,3 millones a sindicatos y patronal

Esta cifra está reflejada en el presupuesto, no hay trampa ni cartón. Este dinero se va a destinar a empresarios y trabajadores para las actuaciones en 2023 e incluso en 2022.

¿Cuentan con el consenso del PP para hacer este ajuste?

Sí. La decisión de reducir el gasto político ineficaz es fruto del pacto de gobierno, decidido de común acuerdo. No hay problema en ejecutarse, entre otras cosas porque son medidas de esta Consejería, lo que no quita que el mismo ejercicio se haga en otras consejerías. Estamos decididos a que todo el gasto sea eficaz. El Diálogo Social va a ser mejor que el anterior, más productivo y más centrado en temas que son nucleares.

¿Mantiene contacto con sindicatos y empresarios o teme que el Diálogo Social se rompa?

No tengo ningún temor a que se rompa, todo lo contrario, lo vamos a potenciar. Hemos estado sentados juntos esta semana, en el patronato de la Fundación Anclaje y en la 'mesa' del autónomo. Nos saludamos y hay una relación cordial. 

El coche eléctrico va demasiado deprisa por dictados globalistas"

 

¿Cómo pretender reconducir los 20,3 millones para formación sin contar con sindicatos y patronal?

Hay un amplio abanico de empresas de formación en Castilla y León. Es un sector muy profesionalizado y que imparte todo tipo de formación para el empleo. Hay una parte importante de formación que se financia con transferencia finalista del Estado, políticas activas de empleo diseñadas por el Estado y que se van a seguir ejecutando. Para impartir esta formación se opta en concurrencia competitiva, y sindicatos y empresarios son un agente más como otros muchos. Era extraño que las ayudas estatales se gestionasen de forma diferente en el ámbito autonómico. Queremos que las reglas sean las mismas para todos. 

Hay muchos sectores -hostelería, construcción, industria, transporte...- que no encuentran trabajadores, mientras que en esta Comunidad hay registrados 112.000 parados.  ¿Qué es lo que no encaja?

Nos hemos volcado en los estudios universitarios -de hecho, son los que menos tasa de paro tienen- mientras que en otros países vecinos se ha apostado por la FP Dual. Tenemos más personas con formación universitaria que con formación de grado medio y superior, que se han demostrado muy útiles y prácticas y más adaptadas a lo que necesita el mercado. Hay que revertir esta circunstancia, primando la formación diseñada desde las empresas y facilitando la contratación de determinados perfiles. Hay que impulsar la  FPy la formación de certificado de profesionalidad. Se intentó diseñar una estructura universitaria para que hubiera sinergias entre todas las titulaciones de las universidades de Castilla y León, pero al final se consiguió un consenso tan de mínimos que no fue práctico. Cada universidad tira para lo suyo...

Hay industria que ya está demandando mano de obra inmigrante cualificada. ¿Lo ve posible?

Estoy en línea con la posición de nuestro partido. No estamos en contra de la inmigración, estamos a favor de la inmigración legal y ordenada que, en muchos casos, ofrece una muy buena calidad en la formación. Traen talento y saber hacer. Si se vienen a integrar no hay ninguna pega, somos una sociedad abierta.

Hay muchas empresas que no pueden ni traer inmigrantes.

Es un problema que el Gobierno de España tiene que resolver y que viene de muchos años atrás. Los cupos para contratar son muy reducidos y se ciñen a las mismas ocupaciones. Hay que abrir mesas de trabajo y tenemos que mejorar mucho en este sentido.

¿Ya tienen gerente del Ecyl?

El viceconsejero ha asumido estas funciones. Es un tema que me preocupa relativamente porque conozco el Ecyl por dentro, porque allí he trabajado. Tenemos un nivel de funcionarios tan magnífico que son ellos los que mueven la Administración.

¿Mano de obra inmigrante? Si se vienen a integrar no hay ninguna pega"

El anterior gerente dimitió por la polémica con los cursos de educación sexual del Ayuntamiento de Valladolid que impartía la empresa de la que era gerente. ¿Pecaron ustedes de bisoñez política?

No creo, ha habido más precedentes por incompatibilidades, por copias en tesis doctorales o ministros que han durado una semana... No estamos ante algo excepcional.

¿Los planes anuales de empleo se retrasan o se aprobarán a tiempo?

Este mes saldrá toda la formación y ayudas para la contratación de entidades locales. Quedará algo para septiembre... Quizá hay una demora de 15 o 20 días con respecto a otros años, pero va a salir todo. Ya se han puesto en marcha 80 millones y este mes sumaremos otros 150.  

Usted se ha mostrado también muy crítico con el estado autónomico. ¿Qué coste tiene la competencia fiscal que surge entre comunidades, como sucede por ejemplo en Burgos respecto a la cercanía del País Vasco o en el sur de Castilla y León respecto a Madrid?

Nosotros tenemos a gala luchar por que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan las mismas obligaciones y derechos en todas partes. En ese sentido, una reivindicación s romper las barreras que hay entre comunidades autónomas. Eso es crear desigualdades entre españoles que viven en distintos territorios, y como este hay miles de ejemplos. La política lingüística provoca que una persona que hable castellano por no tener conocimientos de vascuence, de catalán o de mallorquín no pueda ir a trabajar allí, y se le cae a uno el alma a los pies.

Aunque a usted no le gusten esas diferencias, ahora está en un gobierno autonómico en el que tiene competencias. Si hubiera un consejero de Vox, por ejemplo en Cantabria, quizás plantearía cosas distinta a las de usted. 

Sí, pero siempre desde la lealtad institucional y desde la coordinación entre nosotros. Nosotros somos el partido de la ley y el orden, y en tanto exista el Estado autonómico siempre vamos a jugar con las reglas y la legalidad vigente. Lo que procuraremos es que esas trabas y esos muros sean los menores posibles. Si lográsemos gobernar en todas las comunidades autónomas no habría ningún problema, en todos sitios habría la misma filosofía.

Dice usted «en tanto exista el Estado Autonómico». ¿Cree que este modelo tiene marcha atrás?

Hay vías legales, la propia Constitución recoge mecanismos de reforma constitucional y eso es a lo que aspiramos, a que con las propias reglas que marca la Constitución podamos proponer cambios y modificaciones. Si se consigue bien, si no seguiremos gobernando y ateniéndonos a las reglas de la legalidad vigente porque nadie nos puede acusar de que no cumplimos la ley. No vamos a rodear congresos ni vamos a emitir una alerta antifascista contra nadie. Nosotros siempre respetamos los resultados de las elecciones.

En el caso de Siro ya ha vivido usted un episodio de crisis. ¿El dinero público va a resolver en el futuro todas las crisis que vengan de este tipo de empresas?

No, por supuesto que no. Muchas veces más que dinero lo que hace falta es capacidad de interlocución e intermediación entre empresas y trabajadores. En condiciones normales no creo que ninguna empresa venga por que le den dinero. Las empresas tienen que ver que la administración es receptiva, que puede por ejemplo quitar una norma absurda que impide ejecutar una inversión determinada. Porque quieren seguridad jurídica, facilidades a nivel burocrático, que las licencias sean rápidas y que la administración colabore en los problemas que puedan surgir, y nosotros esa filosofía la tenemos muy clara. Nuestra política económica -que ya pusimos negro sobre blanco- es facilitar la actividad, rebajar impuestos. La excesiva fiscalidad es algo que las empresas también miran mucho a la hora de elegir un territorio u otro. Y como comentábamos antes, ese dumping fiscal que hay entre autonomías no debería existir. 

Aspiramos a reformar el Estado Autonómico con los mecanismos de la propia Constitución"

En Castilla y León la automoción tiene un gran peso. ¿Está preparada la industria regional para la llegada del coche eléctrico?

No solo estamos preparados, sino que tenemos que seguir preparándonos continuamente. Es un proceso que se ha intentado acelerar y no queremos que nos pase como con el cierre de las centrales térmicas. Querer hacer las cosas más deprisa de lo debido no es bueno. Hemos perdido muchos empleos que ahora nos habrían venido muy bien, debíamos haber mantenido algunas térmicas para no tener estos problemas de inflación o de costes energéticos. Vamos demasiado deprisa por una serie de dictados globalistas internacionales que no sabemos muy bien a qué intereses responden. Tenemos que ir hacia allá pero sin dejarnos la piel por el camino, sobre todo en materia de empleo.  No nos hagamos trampas al solitario y tengamos los tiempos adecuados. Salía hoy en la prensa que en 2030 el coche de combustible fósil tiene que desaparecer. Así estamos diciendo que en pocos años se va a echar a la calle a muchos trabajadores, y eso no se puede consentir. Hay que ir hacia una electrificación porque es buena para el medio ambiente, pero protegiendo el empleo.

Siguiendo con el vehículo eléctrico, estamos conociendo distintos proyectos que buscan ubicaciones. ¿Las administraciones son capaces de decidir dónde se instalan aplicando un criterio político? ¿Qué ha visto en el tiempo que lleva en el cargo?

En mi corta experiencia de dos meses y 10 días las conversaciones que he tenido en este ámbito me indican que las empresas se ubican allí donde más beneficios encuentran a todos los niveles: más estabilidad jurídica, más seguridad, más sinergias a la hora de tener una cadena de valor cercana para poder aprovecharla en cuanto a empresas auxiliares. De hecho, lo que me han trasladado sobre el proyecto de Switch Mobility es que se han ubicado en Valladolid teniendo otras ofertas muy importantes, y lo han hecho por criterios puramente técnicos. 

En esta Comunidad siempre ha habido suspicacias. Se ha hablado incluso de una 'mano negra' que trata de potenciar a Valladolid en detrimento de otras. ¿Qué sabe acerca de esto, y qué quiere cambiar si hay que hacerlo?

Yo no sé si en el pasado ha habido algo de esto, yo lo que les he transmitido a los directores generales y a los altos cargos de la consejería es que trabajamos para 9 provincias. Todas son iguales y todas necesitan tener industria y una dinámica económica y social propia. Nosotros siempre vamos a diversificar las inversiones, intentando ayudar a aquellas que están en una peor situación.