La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha investigado a P.Q.G., de 41 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por rebasar en más de 80 km/h la velocidad establecida en un tramo de la carretera a Aguilar por el que circulaba.

Los hechos ocurrieron días atrás en la carretera N-627, a su paso por el valle burgalés de Valdelucio, caracterizado por la presencia de una intersección peligrosa señalizada verticalmente, cuando un turismo que circulaba en sentido creciente, hacia el límite de la provincia con Palencia, fue captado a excesiva velocidad por el radar del vehículo de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos emplazado en el lugar.

El cinemómetro marcó en ese instante 168 km/h, superando en más de 80 km/h la velocidad específica establecida por una señal vertical en el referido tramo de la vía, que la limita a 70 km/h.

Por seguridad se optó por no detener la marcha del vehículo infractor en ese instante; no obstante sí lo fue varios kilómetros más adelante, ya en la autovía A-67 en la provincia de Cantabria, donde una patrulla de la Guardia Civil de ese Subsector identificaba al conductor y le comunicaba la incidencia.

P.Q.G. ha sido investigado como presunto autor de los hechos por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Burgos, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Burgos.

Este tipo de acciones al volante, advierte la Benemérita, no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor, sino la de sus acompañantes, en el supuesto de transportar pasajeros, y la del resto de usuarios de la vía.

Además de las más que posibles fatales consecuencias en el supuesto de una colisión o una salida de vía a esas velocidades, en caso de una reducción drástica de velocidad o una súbita maniobra evasiva se alargan las distancias de parada y aumentan las posibilidades de perder el control del vehículo, respectivamente, coadyuvando al accidente, subrayan fuentes del Instituto Armado.

Para estas conductas, el Código Penal contempla penas que, aplicadas en su grado máximo, pueden suponer prisión de seis meses, multa de un año y trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 4 años.