En el año 2007 se aprobó en España la ley reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas, que abrió al colectivo transexual la posibilidad de cambiar su nombre en el documento nacional de identidad (DNI) para evitar que fuera discordante con el de la identidad con la que se sienten conformes. El objetivo era y es evitar situaciones que consideran dolorosas y hasta humillantes como que se les llame en público -sobre todo en entornos oficiales como establecimientos sanitarios- con el nombre que recibieron al nacer pero que no se acomoda a su realidad actual. En estos quince años que han pasado desde entonces (se cumplen en marzo) lo han hecho en Burgos un total de 20 personas, según datos facilitados por el Registro Civil, entre los que llama la atención que el mayor número de modificaciones del sexo en el documento, el 25%, se han producido en el último año, 2021.
Para llevar a cabo el cambio de nombre en el DNI se exigen dos requisitos: que a la persona que lo demanda se le haya diagnosticado disforia de género y que haya recibido tratamiento hormonal durante, al menos, dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La novedad que supuso esta ley es que ya no reclamaba que se hubiera pasado por un proceso quirúrgico y que los tratamientos médicos no eran un requisito necesario para rectificar la identidad si concurrían razones vinculadas a la salud o la edad que imposibilitaban llevarlo a cabo y se aportara un certificado médico.
En todas estas circunstancias se han encontrado en los tres últimos lustros, como decimos, 20 personas en esta provincia: En el mismo 2007 hubo dos expedientes sobre el cambio de nombre registral; entre 2008 y 2010, ninguno. Después, otro en 2011, y de 2012 a 2014, ambos incluidos, ninguno. En 2015, uno; en 2016, tres; en 2017, dos; en 2018, uno; en 2019, dos; en 2020, tres, y en 2021, cinco, cifra que supone, el 25% del total.
Esta normativa podría cambiar si sale adelante la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, conocida de forma coloquial como Ley Trans, por la que el Ministerio de Igualdad lleva peleando con mucho ahínco desde que está Irene Montero (Unidas Podemos) al frente. Si finalmente se aprueba -acaba de recibir el visto bueno del Consejo Económico y Social pero tiene que ser aún revisada por el Consejo de Ministros y aprobada en el Congreso de los Diputados- desaparecerán absolutamente todos los requisitos para cambiar el nombre en el DNI ya que consagra la autodeterminación de género, es decir, que cualquiera puede ser en su documentación lo que dice ser sin requisitos ni acreditación alguna que lo respalde. Esto ha creado una fortísima polémica, primero por la oposición radical del feminismo a esta medida, lo que ha hecho que, por primera vez desde que las políticas de igualdad se han institucionalizado, ha solicitado la dimisión de la ministra del ramo; y después, entre los propios socios del Gobierno de coalición, que incluso provocó la salida de Carmen Calvo de la vicepresidencia.
La oposición es tan radical que se ha creado un movimiento con el objetivo de que esta norma no llegue a aprobarse. Así se pronuncia la Alianza Feminista por los Derechos de las Mujeres basados en el Sexo (contraelborradodelasmujeres.org): "En los últimos años, en algunos países se han ido aprobando leyes que permiten que cualquier varón pueda 'autodeterminarse' mujer con su palabra como único trámite. Esto pone en peligro los derechos de las mujeres y las niñas basados en su sexo. No podemos permitir que el género se introduzca en las leyes como una 'identidad' y se proteja por encima de la categoría sexo porque no es una identidad sino el conjunto de normas impuestas a las personas en función de su sexo y un instrumento que perpetúa la situación de subordinación de las mujeres".
Denuncia también esta alianza -formada por mujeres que son reconocidas profesionales en todos los campos-, el contagio social que está provocando que la teoría queer, en la que se basa la identidad de género, haya penetrado en el ámbito educativo de un tiempo a esta parte, lo que podría explicar, de alguna manera, que el 25% de los cambios de nombre que se han producido en esta provincia hayan tenido lugar en el último año.