Gobierno y empresarios de Castilla y León rechazan frontalmente la hipotética creación de un impuesto para las rentas altas de Madrid para compensar al resto de las comunidades por la capitalidad. La posibilidad deslizada durante las últimas horas por varios ministros y algún presidente autonómico, como Ximo Puig (Comunidad Valenciana) se ha encontrado con la oposición desde la Junta y la CEOE Castilla y León, que niegan que la solución sea subir más los impuestos e insisten en la necesidad de bajarlos para impulsar la salida de la crisis y la recuperación económica. El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, asegura que a la Comunidad le perjudicaría que se le obligara a subir impuestos o que aumentará la gravación fiscal, al tiempo que deja claro que desde Castilla y León no se pide que se incremente los impuestos a la Comunidad de Madrid –también gobernada por el Partido Popular–, pero si demanda al Gobierno nacional una política fiscal favorable al medio rural.
Cuestionado sobre si la fiscalidad de Madrid perjudica a la Comunidad, Carlos Fernández Carriedo explica que Castilla y León está abrazada por nueve regiones con las que limita, entre ellas una con un régimen foral específico, que desde la Junta se «respeta porque está en la Constitución». «Estamos acostumbrados a que Castilla y León compita, desde el punto de vista económico y de la productividad, lo que nos ha hecho ser una Comunidad con los impuestos más bajos, con buenos servicios públicos y con poco déficit publico», insiste Carriedo.
«El problema es que cuando el Gobierno habla de armonización fiscal lo que quiere es subir impuestos y nosotros claramente estamos en contra porque retrasa la recuperación económica y perjudica la capacidad de crecimiento y creación de empleo» explicó el consejero en una entrevista radiofónica recogida por Europa Press.
Por ello, el consejero asegura que desde Castilla y León no se pide que se suban impuestos en otras comunidades, como Madrid en este caso, sino que se baje, con una «política moderada, que contribuya al crecimiento económico y a la creación de empleo, con una política fiscal para el mundo rural en España.
Al respecto, se muestra partidario de que cada territorio use la capacidad normativa en beneficio de su Comunidad, y así puso el ejemplo de la supresión hace un par de meses, en Castilla y León, del impuesto de Sucesiones y Donaciones, al considerar que «es injusto», al tiempo que se refiere a que la región «cuenta con un buen catálogo de apoyos económicos». No obstante, Fernández Carriedo exige una política fiscal favorable de apoyo al mundo rural, «como se está aplicando en Castilla y León» al tiempo que asevera que «sería bueno» que también se hiciese a nivel nacional, «porque vivir en el mundo rural tiene unos condicionantes».
Reducción de cargas
Por su parte, los empresarios reiteran una vez más su apuesta por un modelo de fiscalidad basado en la reducción de cargas a empresas y ciudadanos. SegúnCEOECastilla y León, se trata de distorsionar lo menos posible la actividad económica, «por cuanto al mantener los recursos en manos de los agentes económicos, impulsa la actividad y reduce la economía sumergida, generando más empleo y, en último término, mayor recaudación de ingresos públicos».
En este sentido explican que un sistema fiscal más competitivo, basado en la reducción de cargas a empresas y ciudadanos de forma que el dinero fluya en un entorno económico con las menos distorsiones posibles, se traduce por ejemplo en que Madrid es la comunidad que presenta mayores niveles de PIB per cápita de España y con niveles de desempleo inferiores a la media. Todo ello con datos de 2019, que permiten una lectura no distorsionada por la pandemia iniciada un año después.
La patronal recuerda que, incluso en plena pandemia, los datos siguen siendo más favorables para esta región. Como ejemplo, según los datos de la EPA del primer trimestre del 2021, el 83,5 por ciento del empleo en Madrid en el sector privado es indefinido, frente a un 16,5 por ciento de temporal, lo que supone más de cinco puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 78 por ciento de empleo indefinido. En cambio, según CEOE, aquellas comunidades que aún permanecen por debajo de la media europea en términos de fiscalidad competitiva, presentan niveles de PIB per cápita, desempleo o de economía sumergida peores que la media nacional.