El alcalde pedáneo de Las Machorras, Roberto Ortiz, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial el próximo día 21 como ya lo hiciera por el caso del cementerio, del que resultó finalmente absuelto. En esta ocasión, la demanda de un empresario de la construcción por una deuda de 50.511 euros ha llevado a la Fiscalía a acusar a Ortiz Fernández de un delito continuado de apropiación indebida, por el que le pide dos años y tres meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y de un segundo delito continuado de falsedad de certificado, por el que se le solicita una pena de 18 meses de suspensión de empleo o cargo público.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre los años 2009 y 2012, en que la empresa Ingeniería, Obras y Servicios Medioambientales S.L. ejecutó dos obras para la pedanía con la finalidad de dotar de abastecimiento de agua a unas 45 cabañas de Río Seco. Según el relato de la Fiscalía y los documentos que obran en su poder, sendas obras fueron adjudicadas, la primera por 27.465 euros y la segunda por 64.045 euros, pero la junta administrativa solo desembolsó 21.600 euros por la primera y 20.000 por la segunda, con lo que acumuló una deuda de 50.511 euros con la empresa. Y ello, a pesar de que había recibido para sendas inversiones dos subvenciones de la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León que sumaban un montante total de 72.836 euros, una cantidad superior a la abonada a la constructora, que percibió 41.600.

El primero de los trabajos de la empresa se ejecutó entre 2009 y 2010 y consistió en un depósito y captación de agua. El pago de 21.600 euros cuando debían de haber sido 27.465 se realizó en marzo de 2011. Pero meses antes, el alcalde pedáneo y su secretario F.S. informaron a la Diputación, "a sabiendas de su expresa falsedad, que la obra de depósito y captación de aguas se encontraba ejecutada/liquidada de acuerdo con la factura 030/2010 por importe de 27.465 euros". Es por este certificado por el que el fiscal considera que se ha cometido el delito de falsedad, que volvió a darse, según su escrito de acusación con la segunda obra, ejecutada en 2011. En este caso, de nuevo se informó en agosto de ese año a la Diputación de que la obra había sido certificada y liquidada por un montante total de 64.045 euros, pero el pago de tan solo 20.000 euros se llevó a cabo en enero de 2012.

El fiscal sostiene que "el alcalde-presidente y el secretario de la junta administrativa de Las Machorras dejaron de abonar 50.511 por las obras ejecutadas a completa satisfacción de la entidad local, reteniendo sin justificación alguna y destinando a otros usos la cantidad de 31.836 euros que la junta administrativa había percibido en concepto de subvención para hacer frente al precio parcial de las obras ejecutadas". Por este motivo, el fiscal también entiende que procede que Ortiz "resarza en concepto de responsabilidad civil a la mercantil en la cantidad total de 31.836 euros que la junta administrativa había percibido en concepto de subvención para hacer frente al precio parcial de las obras ejecutadas, y que la misma procedió a apropiarse sin justificación alguna".

Mirar por el pueblo. Frente a esta versión, el alcalde de Las Machorras afirma que los fondos de la subvención no se destinaron a otros fines y así queda acreditado en las cuentas bancarias de la pedanía que están en poder del Juzgado. Además de ello justifica el impago de las cantidades pendientes con los mismos argumentos que ofreció a DB en 2014, cuando la empresa presentó la demanda. Ortiz afirma que las obras sufrían numerosas deficiencias que ha ido reparando la pedanía a posteriori. "La captación se la llevó el agua a los 15 días", recuerda el alcalde de Las Machorras, quien retahíla numerosos fallos de las obras, como el hecho de que las arquetas estuvieran tapadas con piedras y en la primera nevada se quedaron al descubierto tras el paso de las quitanieves. El depósito también perdía agua y hubo de ser reparado, entre otras muchas cosas. Ortiz defiende que, al contrario de las tesis de la acusación, "lo que hicimos fue mirar por el bien del pueblo y su economía".