La batalla legal entra la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España por el toque de queda a las 20.00 horas implantado en la Comunidad desde el pasado sábado se extenderá durante diez días más, plazo que ha dado el Tribunal Supremo el Ejecutivo autonómico para que presente sus alegaciones contra el recurso del Estado que pide la suspensión cautelar del acuerdo que regula el adelanto del toque de queda. Durante este periodo, la limitación de movilidad nocturna en Castilla y León seguirá siendo entre las 20.00 horas y las 06.00 horas, aunque la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto una pieza separada para tramitar la medida cautelar solicitada por el Gobierno y suspender mientras la Junta presenta alegaciones el toque de queda a las 20.00 horas. De esta forma, en una providencia, el Supremo da un plazo de diez días a la Junta, como autora del acuerdo recurrido, para que plantee alegaciones contra la medida cautelar de suspensión solicitada.
No obstante, el adelantamiento del horario de restricciones nocturnas podría ‘legalizarse’ a nivel nacional durante la jornada de hoy, momento en que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá con este tema sobre la mesa, después de que hasta diez comunidades hayan anunciado que van a solicitar al Minsiterio de Sanidad que habilite la posibilidad de aplicar el toque de queda de las 20.00 horas. «El Consejo Interterritorial es el entorno donde se ha materializado la cogobernanza. Una forma de trabajo que ha permitido doblegar dos veces la curva de la pandemia requiere profundizar en él y, por lo tanto, será en la sede de este Consejo Interterritorial donde las autoridades de las respectivas comunidades autónomas tienen que hacer ver cuáles son sus planteamientos para frenar el contagio y evitar la expansión del virus», aseguró ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Más tajante fue la consejera de Sanidad autonómica, Verónica Casado, que aseguró que desde la Junta de Castilla y León «estamos unidos en la acción, pero no en la inacción» y desde «la máxima lealtad al Ministerio» la Junta de Castilla y León apoyará «todas las acciones», pero «no la lentitud» para enfrentarse a una tercera ola de la covid-19 que si algo ha demostrado es su velocidad «vertiginosa» de aumento de los contagios, que obliga a ser «muy ágiles» y a tomar nuevas medidas restrictivas. Durante su comparecencia semanal para informar sobre la situación epidemiológica, Casador econoció que «no es una decisión gratuita», sino que busca rebajar las cifras de muertos y seguir luchando contra un virus cuya tasa de letalidad alcanza ya en la autonomía el 3,4 por ciento, un 3,5 por ciento en España, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Confinamiento
Con estos datos, la consejera de Sanidad volvió a defender los argumentos de Castilla y León para atajar la pandemia, con los que acudirá a la reunión de hoy del Consejo Interterritorial de Salud, y que pasan por contar con criterios uniformes, porque lo contrario «genera desasosiego», y también por el demandado adelanto del toque de queda y la herramienta jurídica para decretar un confinamiento domiciliario. «Somos un sólo país con 17 comunidades autónomas que tienen que trabajar de forma coordinada».
Eso sí, la consejera precisó, que en estos momentos el confinamiento no se aplicaría a toda la Comunidad, pero sí en algunas provincias con un descontrol de las tasas de incidencia, y que el cómo y dónde sería algo que se debe discutir entre todos los territorios. «Pedimos medidas comunes, cogobernaza de verdad, con mayúsculas», planificar acciones para «torcer la pared», dijo, para añadir que ayer mismo habló con un alcalde, cuyo nombre no quiso desvelar, al que le indicó que de haber tenido la herramienta, confinaría su ciudad.
En este sentido, preguntada por la posibilidad de aplicar confinamiento perimetrales en aquellos municipios con alta incidencia, como ya ocurrió durante el verano y en otoño, descartó esta fórmula, puestos que se ha demostrado que el ritmo de contagios cae de manera muy lenta.
Miserables
Por su parte, el secretario regional del Partido Socialista, Luis Tudanca, reclamó ayer a Francisco Igea que deje de «utilizar los muertos» de la pandemia para buscar ventaja política y atacar al Gobierno, a vez que calificó de «miserables» las declaraciones del portavoz de la Junta de Castilla y León en las que aseguró que la «lentitud» del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la hora de tomar decisiones «nos cuesta la vida de nuestros ciudadanos».