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Denominaciones de origen contra el fraude

M.H. (SPC)
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Los consejos reguladores establecen rígidos mecanismos para evitar engaños como el que ha denunciado recientemente ASAJA Castilla-La Mancha y confieren seguridad al consumidor

Denominaciones de origen contra el fraude - Foto: Eugenio Gutierrez Martinez Eugenio Gutiérrez Mart

España es país de vinos. De buenos vinos. En las decenas de listados de los mejores del mundo que aparecen cada año elaboradas por distintos organismos o asociaciones nuestro país siempre tiene representación, muchas veces copando los primeros lugares, y con razón. Contamos con una gran heterogeneidad climática, edáfica y varietal que originan una tremenda diversidad de producto.

De entre todo el vino que se elabora, los que salen de las numerosas denominaciones de origen distribuidas por toda la geografía cuentan con un plus de seguridad y calidad para el consumidor. Esta figura de calidad obedece a criterios de uniformidad en ciertos factores, como pueden ser ámbito geográfico, clima, suelo, altitud, precipitaciones, el tipo de uva que se utiliza o la forma de trabajar.

En este último ámbito tienen mucho que decir los consejos reguladores de cada denominación, que son los que fijan ciertas condiciones que tienen que cumplir escrupulosamente tanto los viticultores como las bodegas. De esta manera se evitan fraudes como el que ha denunciado hace escasos días ASAJA Castilla-La Mancha, que sospecha que ciertas bodegas estarían obteniendo más vino del que cabría esperar teniendo en cuenta las producciones de uva de este año.

José María Fresneda, secretario general de la organización, ha manifestado que este año la producción de uva va a ser un 30% inferior y hay empresas que no tienen uva porque el pedrisco y ‘Filomena’ han provocado que no la tengan, pero han creado «una empresa pantalla que compra productos como el azúcar» o cualquier otro no procedente de la uva -que una vez mezclado con ésta ya no se detecta- para obtener una producción de vino mucho mayor y «ganar mucho dinero fraudulentamente». «Las empresas compran uva y lo hacen por la noche», ha alertado, asegurando que los que cometen el fraude dicen que «lo que interesa es hacer, con poco vino, mucho vino» y por cada litro sacar un beneficio extra.

De hecho, ha indicado que 33.000 kilos de uva producen una cisterna de 25.000 litros de vino y si sale más cantidad es que «se está echando otra cosa» y «algo no está funcionando». En un año en el que se habla de una producción de 20 millones de hectolitros, «si luego aparecen 24, blanco y en botella; y si estamos equivocados -ha añadido- que nos llamen mentirosos». Eludiendo dar los nombres de las empresas de las que sospechan, Fresneda ha apuntado en la dirección de las que ya señalaron hace cuatro años, aunque «no son solo esos», y ha mencionado que las bodegas que realizan estas prácticas se extienden por toda Castilla-La Mancha, a excepción de la provincia de Guadalajara. «Está señalado el sector vitivinícola por cuatro sinvergüenzas», ha lamentado. «Que gente que ya ha cometido fraude siga cometiéndolo a los ojos de todo el mundo me parece decepcionante». Y es que otra de las quejas de Fresneda es que, en muchas ocasiones, aunque quienes llevan a cabo estas prácticas sean sancionados les sale rentable pagar la multa porque lo compensan con lo obtenido con la estafa.

El responsable regional de ASAJA ha considerado que «el conjunto del sector tiene que quitarse el miedo y señalar con el dedo a los que están haciéndole mucho daño», precisamente después del esfuerzo que han hecho los agricultores con la pandemia, la DANA y ‘Filomena’. Desde la organización agraria van a poner en conocimiento de la Guardia Civil, de la Delegación del Gobierno, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural e incluso de Aduanas lo que está ocurriendo. De hecho, ya han transmitido sus sospechas al titular de la Consejería, Francisco Martínez Arroyo. Fresneda, además, ha demandado más control -documental, de camiones, de entradas y salidas de mercancías entre países de la Unión Europea-, trazabilidad, que las cooperativas no vendan vino por debajo del precio de la uva y «que el resto de actores nos ayuden», lamentándose de que «nadie mueve un ápice para cambiar las cosas».

«Si no se contempla como un escándalo, y unos y otros intentan tapar esto, no se va a arreglar», ha matizado, indicando que desde sus denuncias de hace cuatro años hasta ahora no se ha mejorado la situación. Las empresas que fueron denunciadas «pagaron las sanciones», pero «las sanciones algunos se las pasan por el arco del triunfo; se encogen de hombros los que ponen las denuncias y los que las reciben se lo pasan pipa diciendo ‘yo pago mi sanción’». Y ha justificado su denuncia en que hacerla «no es atentar contra el sector» sino «mejorar las condiciones».

Desde ASAJA Castilla-La Mancha se tiene esperanza en que la nueva Ley de la Viña y el Vino autonómica contribuya a eliminar estás prácticas de la vitivinicultura regional. En su web, el Gobierno castellanomanchego especifica entre los objetivos del anteproyecto de esta norma que ha de servir para «promover la calidad, el control y la trazabilidad», aunque ASAJA aseguraba hace unos meses que «falta rigor y concreción en el borrador, que requiere de más firmeza para reorganizar el sector e impedir que se produzcan fraudes». Asimismo, la organización hacía hincapié en la necesidad de endurecer el régimen sancionador y agilizar los procesos de este tipo, exigiendo además que esas sanciones fueran acompañadas del cierre de las instalaciones para evitar que sigan funcionando con otro nombre.

Los consejos reguladores.

Para evitar este tipo de fraudes, las denominaciones de origen cuentan con un organismo que vela por la trazabilidad del vino, desde la vid hasta la botella: los consejos reguladores. En Rioja, por ejemplo, presumen de tener uno de los controles más férreos del mundo del vino. Pablo Franco, director general de este Consejo Regulador, explica que desde los propios cultivos, en donde se realiza un control de la producción, hasta la botella, todo está informatizado. Habla de mucho esfuerzo y personal (200 técnicos en los puntos de recepción de uva) y de una trazabilidad presencial de aproximadamente un 30%, que crece hasta el 100% en el caso de la documentada; es decir, ni un racimo se mueve sin que lo sepa el consejo, asegura Franco. Por si esto fuera poco, los agricultores cuentan con una tarjeta de viticultor en la que está registrada la producción que se espera de sus viñedos tras los exámenes realizados a lo largo de todo el ciclo y no pueden dar salida a más uva que la que marca ese documento, al menos a bodegas de la denominación.

Además cuentan con una máquina de análisis que examina en diciembre, antes de embotellar, 4.000-5.000 muestras (depende del volumen de la vendimia) procedentes de todas las bodegas de la denominación y, a través de ciertos isótopos presentes en el vino, atestigua que todos ellos proceden de uva de Rioja. Este análisis se repite, de forma aleatoria y con menos muestras, más adelante, explica el director general, que añade que expertos procedentes de lugares tan dispares como Oporto, Sudáfrica o Croacia han venido a aprender de su sistema.

Por su parte, desde el Consejo Regulador de Ribera del Duero, otra de las denominaciones más potentes de España, explican el estricto control que hay en cada bodega respecto a las cantidades de uva que entran, su procedencia y el vino que se obtiene a partir de esos racimos. Se realizan auditorías y nunca surgen problemas de fraude como el que se está denunciando ahora en Castilla-La Mancha. La mayor parte de las bodegas son de pequeño tamaño, familiares y cuentan con viñedos propios o trabajan año tras año con los mismos viticultores, lo cual da mucha seguridad a la hora de mantener un control sobre la procedencia de la uva y la cantidad que entra en bodega. Además se vigila el uso correcto de las variedades de uva autorizadas, el cumplimiento de los diferentes periodos de envejecimiento y que los vinos superen un proceso de calificación antes de llegar al mercado con la contraetiqueta correspondiente.

En el caso de La Mancha, también cuentan con sus mecanismos para evitar estafas. El seguimiento es exhaustivo ya en las propias parcelas acogidas a la denominación. Así, dicha trazabilidad se marca desde la entrada con los resguardos de tiques de uva en la vendimia para la comprobación de que no se exceden los rendimientos máximos, hasta la comercialización del vino, que deberá tener siempre una tirilla identificativa (única para cada botella en cada lote).

Además, mediante auditorías se establece una recogida aleatoria de muestras de producto que posteriormente se somete a diferentes controles de calidad. Por un lado, de naturaleza físico-química, realizado por laboratorios que están acreditados bajo la norma UNE-EN/ISO 17025, para verificar que los vinos cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la denominación. Por el otro, se completa con los controles organolépticos llevados a cabo por el panel de cata profesional, cuyo juicio de cata somete a los vinos analizados a severos controles de defecto y revisión para que lleguen al consumidor en condiciones aptas.

En resumen, que las denominaciones de origen, aparte de identificarse con determinadas áreas geográficas y variedades, ofrecen al consumidor una garantía de la procedencia y el método de obtención de lo que tiene en la copa. Hoy en día los compradores aprecian mucho conocer este tipo de datos de los alimentos que adquieren y los vinos no pueden quedarse atrás.

 

Garbanzos negros.

Como en todos los ámbitos de la vida, también en el sector vitivinícola hay quien pretende engañar, incluso dentro de las denominaciones. Hace poco más de dos años era detenida una bodeguera de la Denominación de Origen Rueda por una presunta falsificación de contraetiquetas. La parte buena es que fue el propio Consejo Regulador el que denunció la situación, es decir, que estos órganos sí se toman en serio sus funciones de control. Algo similar ocurrió en Valdepeñas, cuando la propia denominación de origen denunció a varias bodegas por comercializar miles de botellas de vino del año etiquetadas como crianza, reserva y gran reserva.

Lo que es evidente es que estas figuras de calidad benefician sobre todo a productores y comercializadores y, salvo rarísimas excepciones, son ellos mismos quienes están más interesados en que una denominación inspire confianza al consumidor. Y eso solo se consigue respetando los estatutos y las normas.