El cumplimiento normativo, más conocido con el término anglosajón de compliance, se ha convertido en una práctica cada vez más extendida en el mundo empresarial y de las administraciones públicas. Se trata de la implantación de programas que fomenten las actuaciones respetuosas con la ley para así prevenir y evitar delitos que pudieran tener responsabilidad jurídica o penal. Conscientes de la importancia de esta práctica, clave a la hora de conseguir fondos europeos, la UBU ha firmado un convenio de colaboración con Área Global & Foronda (analistas financieros) para la elaboración y certificación de planes antifraude dentro de un proyecto promovido por el organismo de la UE dedicado a la lucha contra la corrupción.

Concretamente han sido los grupos de investigación consolidada Corfin y Orditer, el primero de las facultad de Derecho y el segundo de Económicas, los que participan en este trabajo, denominado Eumodfraud y cuya duración se extenderá durante 18 meses. Su amplia experiencia en el estudio del gobierno de las empresas y de la ordenación del territorio desde un punto de vista jurídico, con el nexo común de analizar supuestos de prácticas ilegales, les llevará a cumplir con el cometido europeo de «elaborar propuestas, soluciones y modelos de planes para evitar la corrupción en la consecución de financiación», según explica el profesor Óscar López de Foronda.

En este objetivo contarán con la colaboración del citado despacho de analistas, especializado en la gestión de fondos europeos, adherido a la Asociación Española de Compliance (Ascom) y acreditado como entidad externa para la certificación de dichos programas con el fin de garantizar su correcta ejecución. De esta forma, la experiencia teórica de los investigadores se unirá a la práctica de los consultores a la hora de apoyar a empresas, entidades o instituciones en el desarrollo de programas de contingencia antifraude. «Elaboraremos mapas dentro de las sociedades mercantiles de los peligros que pueden tener tanto en el ámbito tributario como penal», detalla el economista Salvador de Foronda.

El compliance en empresas nació en Estados Unidos en la década de los años 70 a raíz de casos de corrupción y monopolio contrarios al principio de libre competencia, además de sobornos a funcionarios. Todo ello llevó al desarrollo de una ley para intentar combatir y eliminar estas prácticas. «A partir de ahí se extendió a Europa y se llegó a un acuerdo con la OCDE en cuestiones de importaciones e importaciones para que cumplieran esta normativa», explica De Foronda. La iniciativa llegó a España en 2002, se reguló en 2005 y se introdujo en el Código Penal en 2015.

El profesor López de Foronda asegura que ya son varias las empresas, administraciones y universidades que se han interesado por contar con estos planes antifraude, que la Universidad se ofrece a realizar. «El objetivo final es acreditar que cualquiera que vaya a pedir un fondo europeo tenga la certeza y la seguridad de que, una vez que se lo den y llegue la fiscalización, no van a tener ningún problema», explican los investigadores. Los documentos deben actualizarse y van más allá de las exigencias al respecto que exige la UE a la hora de obtener sus fondos. En este sentido, el despacho de analistas financieros hace referencia a la importancia que adquieren a la hora de comprar una empresa, además de cubrir riesgos, mejorar su reputación o abrirse al mercado internacional.