El delegado de Prevención del Sindicato Obrero Independiente (SOI) y miembro del Comité de Seguridad y Salud de la Diputación, Fernando Ojeda, ha presentado una denuncia en la Fiscalía por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación administrativa, por parte de los responsables de Personal de la Diputación de Burgos, porque la institución «no ha sancionado» a la doctora de la residencia que acudió el pasado mes de febrero al centro estando de baja, por covid, para asistir a un residente.

Ojeda, en la denuncia que ha presentado a la Fiscalía, califica la actuación de la doctora Berta Tricio de «infracción muy grave porque una persona en situación de baja está impedida para el trabajo, con el agravante que la baja venía originada por haber sido infectada por covid», asegura.

Además, este representante sindical recuerda que solicitó a la Diputación la apertura de un expediente informativo sobre estos hechos y que el mismo se resolvió considerando «la inexistencia de conducta alguna por parte de la doctora Tricio que derive en falta disciplinaria susceptible de sanción». Es esta resolución la que el denunciante considera que puede ser «constitutiva de un ilícito penal al amparar una conducta incorrecta, con evidente riesgo para terceras personas tanto para el personal del centro como para residentes, desconociendo asimismo las infracciones cometidas por ésta acudiendo a su centro de trabajo».

Los hechos, según relata, ocurrieron en febrero de este año, cuando se registró un brote de Covid en la residencia oniense, dependiente de la Diputación. El día 21 de ese mes, la doctora Tricio causó baja por covid, quedando confinada en su domicilio y siendo sustituida por otra doctora con la que se concertó un contrato de interinidad para la sustitución durante la baja laboral.

Dos días más tarde, según se recoge en una resolución de la Diputación de agosto a raíz del expediente informativo abierto, «una enfermera entró en la habitación de un residente que padece una patología psiquiátrica encontrándoselo en un estado de alteración y nerviosismo», estado que trasladó a la doctora contratada, quien a su vez llamó a la doctora Tricio, «por ser la que conoce y trata habitualmente a dicho residente», se recoge en el informe. Tricio, como reconoció durante el expediente informativo, optó por acudir a la residencia ese mismo día para visitar y tranquilizar a ese paciente.

El denunciante insiste en que acudió «encontrándose infectada por el virus, en situación de lT y permaneciendo en el centro, en la zona que no es la reservada para enfermos covid, parte de la mañana», afirma, a la vez que insiste en que Tricio «no debió acudir al centro de trabajo porque su situación era de evidente riesgo de contagio para el resto de empleados y residentes». Además, Ojeda recuerda que la Diputación contaba «con recursos humanos y mecanismos suficientes para atender la situación de un residente que, al parecer, se encontraba nervioso».

Ojeda insiste en que la actuación de Tricio en el centro «no fue grave ni importante puesto que ni se trasladó al residente a un centro hospitalario, ni se tuvo que suministrar medicación distinta», y afirma que «el solo hecho de acudir para que el paciente la viera y se tranquilizara no puede justificar, en modo alguno, su presencia en la residencia», y matiza que «en el parte de enfermería no se recoge ningún 'brote psicótico'».

«Actuó con diligencia». La versión de la Diputación, que reconoce que la doctora acudió la centro, es completamente diferente a la de este sindicato y considera que la doctora Tricio «actuó con diligencia», extremo que se pone de manifiesto en los documentos e informes que ha recibido Ojeda de los responsables de Personal y que se adjuntan a su denuncia.

La jefe de Personal de la Diputación y de la directora de la residencia de Oña afirma que «la doctora Tricio actuó con el vestuario establecido en los protocolos covid, sin poner en riesgo a ningún residente, porque todos estaban en sus respectivas habitaciones, ni al personal del centro». Además, también recuerdan que la doctora conoce «perfectamente» las infraestructuras de la residencia, por lo que accedió sin tener contacto.

A pesar de estas explicaciones, el SOI insiste en la «gravedad» y en la denuncia pide la imputación de los responsables del área de Personal y directora de la residencia por «no sancionar» estos hechos.