El Ayuntamiento de Burgos gastará una última bala, en un intento final por reclamar la titularidad del antiguo colegio mayor Peña Amaya. Y lo hará un tanto a la desesperada, sabiendo que tiene muy pocas opciones de éxito y que el inmueble situado junto a San Juan de los Lagos está prácticamente perdido.

Hace dos semanas conocimos un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmaba una sentencia previa del Juzgado de lo Mercantil. Según han establecido ambas resoluciones judiciales, la vieja residencia estudiantil forma parte de la masa concursal de Inizia Gestión Inmobiliaria y por tanto ya no es del Consistorio.

La situación actual es consecuencia de una permuta realizada en el año 2005 en la que se intercambió el edificio por un solar frente a la estación de trenes. El intercambio fue anulado pocos años después por los tribunales, pero ya fue imposible recuperar el suelo porque había sido vendido a un tercero. Luego se intentó una dación en pago que el Ayuntamiento llegó a admitir, pero no consideraba suficiente el inmueble para saldar la deuda y reclamó un dinero a mayores. Y en estas la empresa propietaria del Peña Amaya quebró y cualquier acuerdo ahora parece imposible.

El auto de hace unos días incluso condena al Ayuntamiento al pago de las costas, lo que suele ser un buen indicativo del parecer de los jueces, y sin embargo los responsables municipales se resisten a tirar la toalla. Van a tratar de ejercitar ante el juez del concurso el «derecho de separación», aludiendo a un artículo de la Ley Concursal, recordándole que el antiguo colegio sigue inscrito a nombre del Consistorio en el Registro de la Propiedad pese a haberse anulado el convenio de permuta y citando también el Código Civil que dice: «Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba».

Con pocas esperanzas. Daniel de la Rosa enarbola este último intento «para que el tribunal entienda que el bien no se puede enajenar» por parte de la empresa concursada, que está deseando venderlo al mejor postor. Reconoce que el argumento tiene algunas «debilidades» y que por tanto tiene escasas posibilidades de que prospere, algo que incluso admite también la asesoría jurídica porque ya ha sido rechazado en la sentencia, pero mantiene que «vamos a pelear esto con uñas y dientes».

El artículo de la Ley Concursal al que pretende agarrarse la ciudad reza que «los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos». 

Es la oportunidad final a la que se aferrará el Ayuntamiento para no perder definitivamente un inmueble que, según figura en el programa electoral con el que el PSOE ganó las elecciones de 2019, podría ser destinado a apartamentos juveniles de alquiler subvencionado.