Como ya ocurriera en su día con la ley de violencia contra la mujer, el texto aprobado por el Congreso de los Diputados el 5 de junio de 2021 para la protección integral a la infancia y adolescencia trae consigo la creación de juzgados especializados que velen por los menores víctimas que sufran cualquier tipo de violencia. La norma da un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para la conformación de las unidades judiciales, esto es, antes del mes de septiembre. En el caso de Burgos, lo más previsible es que alguno de los cuatro de instrucción asuma estas funciones. Al menos es lo que cree la jueza decana, Blanca Subiñas, si bien el Poder Judicial no ha movido ficha al respecto.  

Lo que dictamina esta ley orgánica es que haya un juzgado de instrucción y otro de enjuiciamiento tanto en la jurisdicción penal como en la civil. No obstante, Subiñas recuerda que en este segundo caso, al tener asumidas las competencias en materia de menores la Junta de Castilla y León, el número de asuntos sería anecdótico. 

El grueso de la protección a las víctimas menores de edad la asumirían, por tanto, los juzgados penales. Teniendo en cuenta la carga de trabajo en la provincia a día de hoy y la estrategia que el Consejo General del Poder Judicial en materia de creación de órganos mantiene desde hace años, la decana cree vaticina que uno de los cuatro de instrucción será quien deba especializarse. Eso sí, dependiendo el número de casos que ingrese, no tiene por qué ser en exclusiva. 

¿Qué supondría esto a efectos prácticos? Pues que si actualmente los juzgados de menores se encargan de los delitos cometidos por chavales, los especializados en protección a la infancia velarán por las víctimas que sufren violencia. Hasta ahora, estas denuncias llegaban a cualquier órgano, en el que el magistrado podía no estar familiarizado con ese tema en concreto, en vez de estar aglutinados en uno solo. 

Es por eso que se prevé que los jueces reciban formación específica en la materia, se modificarían las dependencias para una atención adecuada de las víctimas y habría técnicos especializados. Teniendo en cuenta que la ley surge con una dotación presupuestaria específica, debería contemplarse también la creación de equipos psicosociales específicos. No en vano, en Burgos hay escasez de personal y existe desde hace años una demanda ante la sobrecarga de trabajo de los profesionales. 

Subiñas opina que la ley aporta una serie de mejoras en la respuesta judicial hacia los menores víctimas, como la prueba preconstituida, que evita que el menor tenga que acudir a un juicio salvo en casos excepcionales, o la obligación de que los padres declaren.