La Comunidad de Regantes del Canal de Aranda acordó ayer contratar la realización de una 'auditoría' del estado de sus ingresos y gastos, con 36 votos a favor y 15 en contra. La medida afectará a los últimos seis años. Así lo decidieron los asistentes a la asamblea general ordinaria convocada por Emilio Rojo, elegido presidente el 21 de septiembre. Un nombramiento que no comparte la otra parte de este colectivo con la que llevan enfrentados desde hace más de cinco años. De hecho, habían solicitado que se suspendiera esta convocatoria porque, a su juicio, se había efectuado de "manera ilegal", según expresaron en un comunicado.

Con Rojo al frente, Ildefonso Casado como secretario y Javier Alejandro Rojas de tesorero, la cita transcurrió con aparente normalidad. Los asistentes se mostraron a favor de desembolsar una cantidad superior a 18.000 euros para afrontar la realización de un informe de procedimientos acordados (ya que, según explicó un auditor de Madrid, no es posible llevar a cabo una auditoría de las cuentas porque la comunidad de regantes no tiene obligación de hacer cuentas anuales). En cualquier caso, detalló que sí que se pueden analizar ingresos y gastos y elaborar un informe que, en caso de juicio, valdría como prueba. Los miembros de la nueva junta directiva se mostraron a favor de esta 'auditoría' al considerar que les aporta "seguridad" y "garantía" frente a las acusaciones del otro bando, que han derivado en una maraña de procesos judiciales.

Este coste supondría el 5% del presupuesto anual de la Comunidad de Regantes del Canal de Aranda, que en 2023 ascenderá a 934.000 euros, según se aprobó por mayoría. De esa cantidad, 150.000 euros se destinarán a gastos judiciales y otros 250.000 a la empresa de mantenimiento de las regaderas que había contratado por 4 años el anterior presidente, de acuerdo a lo expuesto en la asamblea.