La comisión de contratación de FAE, que representa a todos los sectores y empresas burgalesas que trabajan para las Administraciones Públicas, lo dejó claro en la última reunión celebrada el viernes 11 con representantes del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación y la UBU: si los contratos públicos no compensan la subida del 6,5% experimentada por el IPC durante el pasado año y la que se espera para el presente ejercicio, empezará a producirse un rosario de concursos desiertos e incluso habrá empresas que abandonen sus contratos ya activos al tornarse "inviables", repitiendo episodios como el ocurrido en el centro de salud del Silo, que lleva dos años paralizado.

El aviso no solo afecta a las obras públicas en marcha o programadas para los próximos meses, sino también a contratos de servicios básicos como los de limpieza, seguridad, mantenimiento, transporte o sanitario, entre muchos otros; y a los de suministros e instalaciones de todo tipo. Para hacerse una idea global de la actividad afectada, se estima que el 20% del PIB nacional procede de la actividad de los contratos públicos.

La "extraordinaria" subida experimentada por las materias primas, por la energía y por los precios en general no está contemplada en unos concursos "totalmente desfasados en sus costes previstos", y es de tal envergadura e intensidad que las empresas están optando por descartar temporalmente su relación con la Administración Pública "porque perdemos dinero".

A ello se suma, denuncian desde FAE, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros al mes (35 más que en el vigente), que se aprobará la próxima semana, lo que toca de lleno a los contratos de servicios que tienen una alta carga de mano de obra.

Todos estos factores están provocando que ya haya concursos desiertos en el Ayuntamiento (como el centro municipal de Cótar) o la UBU y no es descartable que algunos proyectos queden paralizados en un futuro próximo. Es más, se teme la llegada de los millones de euros previstos en los fondos europeos en mitad de este escenario paralizado. "Es necesaria una agilidad administrativa y unas modificaciones legales que permitan que esos fondos se gestionen y gasten".

Hasta un 100% de alza 

La escalada de precios se arrastra desde principios de 2021. En principio, se pensó que iba a afectar solo a la construcción, pero poco a poco se ha extendido a todos los sectores en los que operan los contratistas. "En abril empezó a subir muy fuerte la madera, el acero y luego la energía (eléctrica, carburantes, gas), y con ella, las materias primas con una alta dependencia energética como el aluminio, la cerámica, los plásticos, entre otros materiales", recuerda Javier Herrán, representante de la construcción en la comisión de contratación de la patronal burgalesa.

El precio de la madera ha llegado a superar el 100% el pasado año, el aluminio el 60% y, en conjunto, todos los elementos vinculados a la construcción soportan una escalada media del 30%, subida que no está contemplada en unos contratos que se gestaron cuando no eran previsibles estas alzas históricas.

Por lo que respecta a los contratistas de servicios, detalla Jesús Martínez Nogal, presidente de la Asociación de Empresarios de Limpiezas (Abelel), su actividad está muy afectada por la Ley de Desindexación, promulgada en 2015, por la que se fija un precio para los concursos a 2 años, prorrogables a otros 2, "precio que no puedes modificar, independientemente del IPC". 

Para colmo, hay servicios cuyos salarios están vinculados al SMI. "Al subirlo, el precio de los contratos queda fuera del mercado y estos se quedan obsoletos. Denunciamos que nos han cambiado las reglas del juego y nos dicen que eso es 'riesgo y ventura'...".

El presidente de Abelel puntualiza, además, que es potestad de la Administración el prorrogar o no los contratos. "Te puedes encontrar con una adjudicación para dos años; te quedas fuera de mercado por los precios y los salarios y no te puedes marchar porque te prorrogan otros dos años más...".

"Con la subida del SMI nos dicen a los contratistas que paguemos más salarios y nosotros decimos a la Administración que nos pague más...", sentencia.

alternativas. Lo que está reclamando FAE no es nuevo, ya se ha regulado de urgencia en algunas comunidades autónomas. Galicia, por ejemplo, fue la primera en recoger una modificación en sus presupuestos generales para compensar parcialmente el IPC en los contratos públicos, tanto los que permiten modificaciones en sus pliegos como los que no.

Cataluña emitió una recomendación ante la excepcionalidad de la situación para que los órganos de contratación fueran "sensibles" a este problema.

Extremadura también ha incluido una disposición adicional en sus presupuestos que recoge los aumentos de precios y que estos se reflejen en los cronogramas de los contratos. Asimismo, permite modificaciones en los materiales y suministros contratados, "siempre y cuando los técnicos certifiquen que son de calidades similares".

A nivel nacional, el Ministerio de Hacienda cuenta con un borrador de decreto ley de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras del Estado, que previsiblemente irá a Consejo de Ministros esta semana. El borrador parte del hecho de que la economía de los contratos "se ha alterado fuertemente, excediendo lo que puede ser incluido en el 'riesgo y ventura'". "El IPC es ya una causa de fuerza de mayor", puntualiza Herrán.

El borrador contempla la modificación de todos los contratos de obra estatal de firmados desde el 1 de enero de 2021.

Pese a estos precedentes autonómicos y estatal, Castilla y León - denuncia FAE- todavía no ha acometido ninguna actuación para compensar el desfase, es más, las administraciones locales se han escudado en esta falta de un marco legislativo próximo (regional) para no modificar los contratos públicos en marcha. "Desconocemos si la Junta está trabajando en este tema, desde las elecciones no ha habido novedades, pero la pandemia nos ha enseñado que cuando se quiere legislar rápido, se legisla rápido".