La polémica reforma de la ley del aborto que plantea el Ministerio de Igualdad y que recoge que todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia deban contar con profesionales que puedan realizar esta intervención tiene muy preocupado al sector médico, que recuerda que la objeción de conciencia es un «derecho individual» de estos profesionales.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos defendió ayer que la objeción de conciencia debe ser garantizada para sus profesionales, por lo que consideraron que «deben de ser las administraciones quienes garanticen esta prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud».

Así se pronunciaron los médicos ante los cambios anunciados por la ministra de Igualdad, Irene Montero, para la reforma de la Ley de salud sexual, que recogen la intención de que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica.

Para ello, según indicó Montero, se respetará «escrupulosamente» el «derecho constitucional» a la objeción de conciencia, pero haciéndolo «escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos».

En esta línea, la corporación médica destacó que la objeción de conciencia del personal sanitario «es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias».

Legalidad

Mientras, los profesionales sanitarios, recordaron que el médico que participa en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo «está amparado por las Leyes del Estado y no podrá ser sancionado deontológicamente, salvo que incumpla cualquiera de las condiciones establecidas o realice de forma errónea e incompetente el procedimiento». La corporación insistió en la importancia de que la futura ley tenga como «pilar» la formación, información y promoción de la Salud Sexual.