El caso del cierre de los caminos de acceso a Rioseco en el Valle de Manzanedo acumula casi una década de instrucción en el Juzgado Número 1 de Villarcayo y aún no se vislumbra su final. La causa mantiene como investigados por el presunto delito de prevaricación a la alcaldesa del Valle de Manzanedo, María del Carmen Saiz, y los ediles o exediles socialistas Yolanda Álvarez, Marcos López, Juan Carlos López, Moisés Fernández, así como al antiguo secretario municipal, Enrique Rodríguez, pero tras todos estos años las diligencias continúan.
Ante ello, la denunciante, la edil del PP, Margarita Pérez Herrero, junto a 142 firmas de "personas del municipio", ha enviado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, una petición para que "se dote de más medios técnicos y humanos" a los juzgados de Villarcayo. En su escrito también solicita un fiscal más para la provincia, debido a la cantidad de partidos judiciales existentes y de asuntos abiertos. Pérez Herrero, que lamenta el peregrinaje judicial de este caso, afirma que "durante estos años se me están muriendo testigos, personas mayores que conocían los caminos" ahora dentro de la finca Fuente Humorera. "Creo que me dirijo a la ministra con toda la razón", señala la concejal del PP, la única en la Corporación del Valle de Manzanedo, quien cree que ya es tiempo de que concluya la instrucción, dado que algunos hechos denunciados ocurrieron en 2010.
Fue entonces, cuando el Pleno del Ayuntamiento acordó tramitar la permuta y desafectación de bienes (caminos, depósitos y otras infraestructuras del municipio), que de ese modo dejaban de ser de dominio público y podían ir a manos de un particular, en este caso, el propietario de la finca Fuente Humorera, quien, a cambio, ofreció al Consistorio fincas en Peñalba de Manzanedo. En ese mismo pleno se acordó suspender el expediente de recuperación de bienes de dominio y uso público abierto años antes. En 2012 se decidió en pleno dar continuidad a la permuta de los bienes, pero en 2013 la Junta de Castilla y León anuló el acuerdo por no estar acreditado el interés general de la permuta, en la que se intercambiaban los caminos por fincas fuera del latifundio. El fiscal también mantiene esa postura.
El caso ha tenido un recorrido curioso, dado que en enero de 2015 fue archivado por la juez entonces responsable del número 1 de Villarcayo, pero la Audiencia Provincial obligó a reactivarlo y continuar con las diligencias con el apoyo de la Fiscalía. En 2016, todo parecía estar cerca de un desenlace, pero la denunciante recurrió el auto en el que se daban 10 días a las partes para presentar sus escritos de defensa o acusación. Otro juez, en enero de 2018 declaró la nulidad de esa actuación de 2016, estimando así el recurso de la edil del PP, porque "se prescindió de las normas procesales" y volvió a comenzar el proceso y a imputar de nuevo a la alcaldesa y ediles, así como al secretario. En ese auto de enero de 2018 se sumó a la acusación el Arzobispado, que tiene propiedades en la finca. En junio de 2018, Villarcayo desestimó los recursos de reforma que interpusieron todos los investigados, pero se está a la espera de respuesta a sus recursos de apelación ante la Audiencia Provincial. Y ya va para 9 años.