El Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones despeja el camino al Ayuntamiento de Burgos al elevar a definitivas las obligaciones que impone a los municipios de 50.000 habitantes para crear las áreas de restricción del tráfico orientadas a preservar la calidad del aire en las ciudades. Este marco legal ya fijo permite al Consistorio capitalino poner en marcha la maquinaria para iniciar el trámite de modificación de la Ordenanza de Movilidad, un paso ineludible antes de implementar las zonas de exclusión de circulación en las jornadas en las que se registran índices elevados de contaminación.

No hay que olvidar que estas áreas protegidas debían estar debidamente señalizadas y con los sistemas de gestión y control instalados desde el pasado 1 de enero. La mayoría de los municipios afectados por la nueva normativa no ha cumplido con el plazo. Y pese a que el Gobierno se ha negado de forma categórica a conceder moratoria alguna, lo cierto es que tampoco impone sanciones de ningún tipo a los ayuntamientos 'insumisos'.

En todo caso, el concejal Adolfo Díez, responsable del área de Tráfico, estima que en Burgos «todo puede estar preparado para empezar a funcionar en el verano». «Confiemos en que así sea», indicó a este periódico, para añadir después que «al tratarse de una modificación, y no de promulgar una nueva ordenanza, el procedimiento debería ser más ágil».

Asimismo, el edil del equipo de Gobierno estima que el contrato para la gestión y el control de esas zonas de bajas emisiones «podrá retomarse en breve», pues considera «perfectamente fundamentadas» las alegaciones que ha planteado el Ayuntamiento al juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 para que levante las medidas cautelares que impuso tras la denuncia del PP.

Los populares llevaron a los tribunales la citada adjudicación y el titular del órgano dictó un auto en el que suspendía la ejecución del contrato por no haberse aprobado antes la ordenanza. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el recurso del Consistorio, admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso, no se resolverá antes de febrero o marzo y Díez considera que será a favor de la tesis del equipo de Gobierno, «pues los sistemas de gestión y control pueden modificarse y pueden incorporarse nuevos elementos si la ordenanza establece más zonas de exclusión».

En principio el Ayuntamiento contempla hasta tres niveles distintos de restricciones al tráfico en los días de gran contaminación. Para vigilar que no hay quien burla este mandato, lo que se hará es crear 56 puntos de control en los que se colocarán 59 cámaras que leerán las matrículas y captarán en vídeo imágenes de los vehículos que pasan por esos lugares para, si procede, tramitar la sanción correspondiente.

Áreas restringidas. La bautizada como 'Zona Cero' no ofrece grandes modificaciones respecto a lo que existe en la actualidad ya que abarca el centro histórico y se ciñe básicamente a calles ya peatonales. La llamada 'Zona Básica' comprende el inicio de la calle Vitoria (entre el Cid y San Lesmes), de la avenida del Arlanzón (hasta el puente Gasset), el tramo de la calle Valladolid entre Correos y el puente Santa María y las calles Santander, San Lesmes, San Pablo, Santa Clara o Miranda.

Su activación dependerá de que se superen los niveles máximos de contaminación de la ordenanza y supondrá la limitación del acceso en función de los diferentes distintivos ambientales presentes en los coches. En la 'Zona Ampliada' el perímetro se abre hasta la avenida de Cantabria y limita al sur por el paseo de la Audiencia, la Isla, el bulevar y la Quinta, al oeste por el paseo de los Cubos y al norte por la avenida del Cid o la calle San Francisco.