La alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, sale al paso tras las críticas de IU y Podemos, en relación con la ley que obliga a realizar un censo con los edificios que contienen amianto y a cerrar un calendario para eliminar este material de las ciudades.

Según los partidos de la oposición, el Ayuntamiento estaba incumpliendo la normativa, pues aseguraban que para el 1 de enero debían haber terminado el recuento de construcciones. Sin embargo, Hernando aclara que el secretario del Consistorio, tras examinar la disposición adicional 14 de la norma, ha comprobado que hasta el 10 de abril de 2023 no termina el plazo.

Con ello, disponen de tres meses para llevar a cabo esas labores, sobre las que la alcaldesa dice que «son complejas» y adelanta que, pese a tener «una idea aproximada» de dónde hay cemento de asbesto, necesitarán «contratar apoyo» externo.