Lesionados en accidentes de tráfico y con necesidad de material ortoprotésico para la vida cotidiana están comprobando en las últimas semanas que la Gerencia de Salud de Área de Burgos (Sacyl) está devolviendo las solicitudes de reintegro por la adquisición de materiales incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud; objetos como sillas de ruedas y sus complementos, arneses, corsés y cinturones, por citar algunos ejemplos, que forman parte del catálogo común de prestaciones y que Sacyl subvencionaba siempre que estuvieran prescritos. Pero ahora, cuando piden estas ayudas económicas, la respuesta está siendo que tienen que llamar a la puerta de la compañía aseguradora que cubrió los costes de los respectivos siniestros. 

Fuentes oficiales de Sacyl en Burgos confirman que en este momento se está revisando el convenio estatal entre las compañías de seguros y la sanidad pública que regula las coberturas asistenciales con el objetivo de «detectar posibles casos en los que el sistema público está asumiendo prestaciones que les corresponden a las aseguradoras». Pero niegan, sin embargo, que se hayan denegado ayudas porque, dicen las mismas fuentes, «hasta el momento no se ha resuelto ningún expediente porque están en trámite de reclamación».

Una de esas personas pendientes de respuesta tras la denegación inicial es la burgalesa Raquel García, quien tuvo un accidente de tráfico en 2004 que le provocó una lesión medular a nivel dorsal, que, según dictamen de un tribunal médico, ya es secuela. Así que García no entiende por qué tiene que reclamar ahora a una compañía con la que perdió todo contacto hace años, una vez que terminó el proceso que siguió al accidente, para un material que le prescribe un médico de Sacyl.

«Si hubiese sido un accidente laboral, todo lo cubriría la mutua, pero yo estoy bajo el régimen de la Seguridad Social, a la que además he cotizado durante seis años; la compañía que cubrió mi accidente, una vez que cerró el expediente, ya no quiere saber nada más de mi», destaca.

Sacyl y García fundamentan sus razones en el mismo Real Decreto, en el 8/2004 de 29 de octubre, dado que por una parte se indica que las aseguradoras tienen que resarcir al afectado [al accidentado] el importe del material ortoprotésico que necesite «a lo largo de su vida», pero en otros artículos especifica que se deben satisfacer los gastos «hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela». 

García explica que ella solicitó el reintegro de un respaldo con funda, una cincha y un cojín antiescaras conforme a lo establecido en el catálogo oficial de prestaciones comunes, con prescripción original e informe médico del especialista del HUBU y las facturas de cada elemento, como ha hecho otras veces, pero ahora se la devolvieron. Y no oculta su disgusto ante lo que considera una situación injusta y a la que, en este caso, pone cara.