A principios de junio de 2021, José Fernández asumió el cargo de fiscal jefe de Burgos. Desde entonces su trabajo ha sido intenso, pues ha tenido que culminar las investigaciones iniciadas en las residencias de ancianos por la covid, poner coto al elevado absentismo escolar que devino con la pandemia y lidiar con el mal funcionamiento de un expediente digital que entorpece sobremanera la labor del Ministerio Público. 

Hace un año asumió el cargo y se puso como retos una mayor especialización, mejor digitalización y conseguir una justicia más ágil. ¿En qué punto cree que están en cada uno de estos objetivos?
Estamos desarrollando esos objetivos para una mejor justicia para los ciudadanos. La especialización es muy importante porque si no se da resulta muy difícil sacar adelante algunos asuntos. Un caso es el de la trata de personas, pero también la siniestralidad laboral, delitos económicos, violencia de género. Por ello ponemos todos nuestros esfuerzos  y medios en ello, para que los fiscales tengan los recursos y la formación adecuada para avanzar en su especialidad. En cuanto a los medios tecnológicos procuramos implementarlos en nuestro trabajo diario. Pero a veces se nos hace realmente complicado porque los sistemas informáticos necesitan mejoras para que podamos trabajar de manera adecuada.  Estamos a favor del expediente digital y de que las comunicaciones sean telemáticas con el resto de operadores jurídicos. No estamos en contra de ese paso, que es irreversible. Instamos a que las herramientas mejoren sustancialmente, porque se hace muy lento, a veces no funcionan, las actualizaciones de los programas se realizan con inusitada frecuencia. Todo ello entorpece nuestro trabajo. La agilidad en el desempeño de nuestra función es fundamental y haremos lo posible para que nuestra respuesta sea rápida y adecuada, porque una tardía deja de ser justa en muchas ocasiones.  

Ese mal funcionamiento del expediente digital, ¿resta agilidad a la acción de la Fiscalía?
Se hace todo más lento y más tedioso. Un expediente en papel lo despachamos con mayor agilidad. Tratar los asuntos digitalmente supone tener abiertas muchas aplicaciones, por no hablar de las dificultades de ver un procedimiento en una pantalla, que se nos ofrece a través de archivos PDF que debemos abrir uno a uno para ver qué hay y si su contenido es sustancial. Verlos todos se hace tedioso. En papel era más sencillo.

José Fernández, fiscal jefe de Burgos. - Foto: Luis López Araico

¿El papel es insustituible?
Nosotros hoy no contamos con el soporte de papel. 

¿No imprimen nada?
Eso es otra cosa. No contamos con soporte de papel oficial. Los juzgados no nos mandan en papel y nosotros no devolvemos nada en papel. Pero es verdad que para facilitar nuestra labor es importante tener las hojas impresas, porque estar horas delante de una pantalla es mucho más fatigoso.

El fiscal superior de Castilla y León alertó del alto número de juicios suspendidos y algunos abogados lo achacan a problemas con el expediente digital. ¿Cómo ve este problema y cómo cree que se puede solucionar?
No siempre se suspenden los juicios por no haber despachado bien una citación en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Scop) o la Upad (unidades de apoyo a los jueces). Hay testigos que no comparecen, partes que enferman, etc. Puede haber errores en la citación y, en mi opinión, la nueva oficina judicial no favorece el funcionamiento de los juzgados. Disgregar las funciones y que una oficina haga exclusivamente las citaciones a juicio no es la mejor solución. Entiendo que todas las oficinas hacen lo que está en su mano para hacer su trabajo adecuadamente. Todos estamos en que cada vez haya menos juicios suspendidos porque es una lacra para el adecuado funcionamiento de la Justicia. 

¿Todavía no cuenta con gestor coordinador para la oficina fiscal de Burgos?
Falta aún. El gestor coordinador es el puesto fundamental de la oficina fiscal. El Ministerio tiene que sacar a concurso esa plaza. Hace meses que nos pusimos en contacto con la Fiscalía General del Estado para que se convocara y estamos esperando a que Justicia la saque. Es importante porque me liberará de funciones burocráticas y de organización para poder dedicar más tiempo a otro tipo de cuestiones más de fondo.

¿Va a haber especialización en más materias?
En el futuro está prevista una nueva especialidad como consecuencia de la Ley contra la violencia en la infancia y la adolescencia. Se creará un fiscal de sala y, a partir de ahí, habrá fiscales delegados en los distintos territorios. Y también habrá una especialización por la Ley de Memoria Democrática.   

Hace un año parecía cada vez más cerca esa asunción de la instrucción de los casos por parte de Fiscalía, pero la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue en fase de anteproyecto. ¿Es optimista en que finalmente los fiscales encabecen las investigaciones?
Muchos fiscales llevamos esperando esa modificación muchos años.  Tengo esperanza de que ese cambio salga adelante. En su momento, hará falta un trabajo importante de adaptación de las fiscalías y de los juzgados. Pero es un paso que definitivamente tendremos que dar el día de mañana. Cuando entré en la carrera fiscal hace 30 años, en la Escuela de Madrid ya se hablaba de dar la instrucción al fiscal y de que la nuestra sería la generación de fiscales que llevaría la instrucción penal. La esperanza no se pierde, pero veremos.

¿Por qué no se atreve el poder legislativo a dar el paso?
Creo que hay reticencias de ciertos sectores...

¿De sectores de la judicatura?
Sí, probablemente. Y de otros ámbitos. Es una decisión política y es el Parlamento el que tiene que dictar la Ley. Nosotros las obedecemos y las aplicamos. En España supondría cambiar un sistema que lleva  muchísimos años instaurado, con mucho arraigo. Pero cada vez son más las voces que abogan por ese cambio, por que sea el fiscal el que instruya.

¿Entiende que la ciudadanía desconfíe de la independencia de la justicia cuando los dos grandes partidos son incapaces de ponerse de acuerdo en renovar el máximo órgano de representación judicial?
No creo que la ciudadanía tenga recelos por que la instrucción la lleve un fiscal. A veces se dice que el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno y hay un peligro de instrumentalización de la instrucción por parte del Ejecutivo. A ver, el Ejecutivo nombra al fiscal general en muchos países, en Estados Unidos, Francia, Alemania... Yo creo que hay mecanismos de independencia y autonomía suficientes para evitar la injerencia política en la labor de los fiscales, pero si hubiera que introducir alguno más para evitar sospechas o suspicacias, que introduzcan legalmente. No hay ningún problema.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial está atascada y sin visos de salir adelante. ¿Hay que cambiar el mecanismo de elección?
No quiero pronunciarme porque esa situación del CGPJ me excede. Lo que es verdad es que la renovación es un mandato constitucional y todos tienen que atender a ese mandato. Si la Constitución establece un mandato y va dirigido a las Cortes, éstas tienen que cumplir con él. La situación a la que se ha llegado no es aceptable. No puede ser que haya tantos puestos vacantes en el Supremo o los tribunales superiores de justicia.  

A ver qué se puede sacar de la declaración del investigado (Ángel Ruiz)  por el triple crimen» 
 

Que una exministra deje su cargo al frente de la Fiscalía General del Estado y su sustituto la ascienda meses después a la máxima categoría de la carrera fiscal con la mayoría del consejo en contra, ¿no ahonda en esa desconfianza de la sociedad hacia el Ministerio Público?
No creo que podamos decir que el actual fiscal general haya sido designado por la anterior fiscal general. El Gobierno habrá valorado que es la persona adecuada para el ejercicio del cargo. 

¿Cree que la ciudadanía está pidiendo a gritos una rebaja de la pena en el delito de sedición? ¿Es más urgente modificar esas penas que las de algún otro tipo penal?
Es el Parlamento el que elabora las leyes, nosotros las aplicamos. Desde el punto de vista profesional es lo que nos corresponde. El Parlamento es reflejo de lo que todos los ciudadanos han votado en las urnas. Respetando las leyes que emanan del Parlamento lo que hacemos es respetar a la ciudadanía. Al aplicarlas hacemos lo que la ciudadanía quiere. No me corresponde a a mí decir si es oportuna o no una modificación legal. La Fiscalía dará su opinión a través de los trámites oportunos, es decir a través del Consejo Fiscal, que informa estos cambios legales. Como fiscal asumiré ese informe, que es el que nos representará a todos los fiscales de España.

¿Cree que la actual pena es elevada?
Ni lo creo ni lo dejo de creer. No me pronuncio, porque profesionalmente no he tenido ocasión de aplicar ese precepto legal ni creo que lo tenga. 

Rebajar una pena, ¿no invita más a cometer un delito?
Las penas tienen que ser proporcionales a los hechos cometidos. Supongo que si optan por una rebaja será porque consideran que no hay una proporción entre la respuesta punitiva y el hecho delictivo.  

Tras la pandemia, las tasas de criminalidad muestran repuntes en agresiones sexuales, peleas y delitos de tráfico. ¿Qué es lo que más preocupa a la Fiscalía?
Los delitos contra la libertad sexual nos preocupan sobremanera. A lo largo de los años observamos un incremento importante en ese tipo de delitos, lo cual es preocupante, porque son delitos muy graves. Nos preocupan los delitos violentos especialmente y en los que las víctimas sean especialmente vulnerables, por edad o por su condición.

¿Hay más agresiones sexuales o  la sociedad está más sensibilizada y ya, afortunadamente, estos hechos no quedan en el ámbito de la intimidad?
Sin duda, hay una mayor sensibilización social en este aspecto. Creo que hoy en día se denuncia más. Nosotros lo que vemos es el incremento, pero para nosotros es difícil saber si anteriormente había más hechos y no se denunciaban. Presumiblemente es así. 

En el aumento de agresiones y peleas, ¿tiene que ver con un estado de sobreexcitación de muchas personas tras las restricciones y limitaciones de la pandemia?
Probablemente, sí. La Policía Nacional y la Guardia Civil se han manifestado en ese sentido y tienen toda la razón. El cese de la pandemia seguro que es uno de los motivos principales del aumento de los delitos. También se nota en los delitos contra la seguridad vial, que también se han incrementado.  

La Fiscalía tuvo que ver indicios para acusar a Arribas, pero acatamos su absolución»

Ha habido dos crímenes en lo que va de año por agresiones. ¿Preocupa que haya un nuevo repunte de peleas graves en zonas de ocio como hace diez años?
El número de estos delitos tan graves (los crímenes) en una provincia como la nuestra es reducido, es limitado. Nos preocupa, por supuesto, pero no veo que deba haber un temor a un incremento significativo en este tipo de infracciones.  

¿Usted cree que las cámaras de videovigilancia ayudan a prevenir delitos o solo a resolverlos? 
Sí pueden tener un efecto disuasorio limitado, reducido, pero existe. Si no es un delito impulsivo, si se trata de un robo con fuerza o un robo con violencia (pero planificado) saber que hay cámaras que puedan estar grabando sí que tiene efecto disuasorio. Mucho menos en los delitos impulsivos, en los que el delincuente no se pone a pensar que le están grabando. A la hora de facilitar la persecución de la autoría de los delitos las cámaras son fundamentales, es un instrumento muy importante. 

¿Es partidario de que graben siempre, a todas horas, como ha solicitado el Ayuntamiento y ha denegado la comisión de videovigilancia?
Es lo de siempre. Hay que compaginar la seguridad con la intimidad y con la libertad individual. Hay que buscar puntos intermedios entre esos derechos. En este caso han considerado que el punto intermedio de conexión entre derechos se encuentra en esa limitación de horarios a la grabación. Hay que respetarlo.  

Otra de las leyes aprobadas recientemente es la llamada como Ley del 'Solo sí es sí', que busca erradicar las agresiones sexuales ¿Cómo la valora?
Hay una modificación importante de la calificación jurídica de los delitos en cuanto a que desaparece la distinción entre abuso y agresión. No supone un incremento significativo de las penas. Hay una gran discrecionalidad a la hora de pedirlo, a la hora de establecer una determinada pena.  

¿Le suena que a la Fiscalía haya llegado algún caso de pinchazo, de sumisión química?
No me consta. Puede haberlo habido, pero sin mucha significación porque a mi conocimiento no ha llegado.

Otra de las leyes aprobadas recientemente ha sido la de protección integral del menor. Usted ha sido fiscal de menores durante 20 años. ¿Cómo de importante es este texto?
Mucho. Ha introducido la protección del menor en muchos aspectos que anteriormente no existían o no estaba debidamente definida. Determinadas cuestiones como la preconstitución de la prueba es un avance importante para evitar la victimización secundaria y que el paso de los menores por el juzgado les ocasione el mínimo perjuicio.   

No debe haber temor a un aumento de los crímenes, aunque nos preocupan»

¿Es partidario de rebajar la edad penal de los menores?
Creo que rebajarla de los 14 años con carácter general no tiene mucho sentido. Pero en determinadas circunstancias podría ser adecuada. Que en determinados delitos cometidos por chavales de 12 a 14 años la jurisdicción de menores pudiera entrar a trabajar con ellos con determinadas limitaciones y teniendo en cuenta su edad, en reiteraciones delictivas o delitos muy graves, adelantar la intervención de la jurisdicción penal podría ser positiva. Serviría para mejorar su educación.  

Porque ahora mismo la Fiscalía no entra en estos delitos cometidos por menores de 14 años. 
No tienen responsabilidad penal, lo cual no quiere decir que no se haga nada. Se pone en conocimiento de las autoridades administrativas (los servicios sociales) y se inicia un procedimiento de protección del menor para ver si tiene algún tipo de carencia que deba ser cubierta. 

¿Y rebajar la edad de consentimiento sexual de los 16 años?
No me parece mal cómo está ahora porque  se pone una protección y el Código Penal establece determinadas excepciones a la hora de valorar si hay consentimiento del menor. Por ejemplo que no se pene teniendo en cuenta la diferencia de edad entre autor y víctima. O el grado de madurez de ambos. La regulación legal parece adecuada y no ha dado problemas en su aplicación.   

¿Han cambiado las conductas delictivas en menores después de la pandemia? ¿Preocupa alguna en particular?
No ha habido un cambio significativo de los delitos cometidos por menores. Pero sí que hemos detectado un incremento en la violencia doméstica. Agresiones de hijos a padres.  Ha habido un confinamiento importante y ha tenido una influencia significativa en los menores. En el resto, igual que los cometidos por adultos. 

¿Los casos de absentismo han vuelto a las cifras normales?
En 2021 se abrieron más de 150 diligencias pre procesales para analizar situaciones de absentismo. Es un número muy elevado y se han recibido declaraciones a padres, a los menores, se han pedido los informes necesarios a los colegios, etc. Y se ha analizado cada caso. La inmensa mayoría se han corregido. 

¿Les preocupa el acoso en los centros escolares? ¿Está bien controlado por las autoridades educativas?
Es un tema muy preocupante. En Burgos no hay un número muy elevado, pero son asuntos que generan situaciones para la víctima que requieren de una especial atención. Generalmente, plantea muchos problemas porque nos damos cuenta de que muchos casos son de menores de 14 años y no podemos intervenir penalmente. Lo que hacemos es ver las actuaciones de los colegios y dar traslado a las administraciones para que lleven a cabo las actuaciones oportunas. Tratándose de más de 14 años, la labor de la jurisdicción de menores está siendo importante. Es una materia que la conciliación y la colaboración con los centros está dando sus frutos. Los menores agresores y los padres admiten una situación inadecuada y pueden resolverse de manera extrajudicial.  

¿Cómo se puede luchar contra la ciberdelincuencia cuando los malos siempre van por delante? 
Es una de las principales preocupaciones de la investigación penal. Cada vez son más los delitos en los que hay una implicación, en mayor o menor medida, de los medios tecnológicos. Tenemos que ahondar en la investigación de los delitos de este tipo. Hoy por hoy es imprescindible. Es una tipología que cada vez se incrementa más. Por eso tenemos una fiscal delegada en este aspecto. 

¿Tienen recursos para poder perseguirlos?
Cada vez hay más. Desde luego, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen su especialidad y personas encargadas de realizar las investigaciones. Nosotros, la fiscal delegada. Se abarca lo que se puede. A veces la investigación es compleja. Cuando traspasamos la frontera y vemos que los autores o los servidores están en el extranjero las cosas se complican sobremanera. Pero cada vez hay más colaboración entre los países y seguro que va a mejorar mucho más porque cada vez estamos más comprometidos en este aspecto. Nos queda mucho por andar y los malos siguen un paso por delante. Pero hay que intentar que ese paso sea pequeño. 

La situación con el Consejo del Poder Judicial no es aceptable»

¿Cree que estamos más cerca de la resolución del triple crimen?
Es una investigación en la que nunca se ha dejado de recabar pruebas. Las diligencias están abiertas y desde el punto de vista de la investigación policial consideran que se han recabado las pesquisas necesarias. Hasta que no se resuelva se seguirá investigando. Y el juzgado seguirá llevando a cabo las actuaciones pertinentes. Ahora se tomará declaración al investigado y toda diligencia que se pueda hacer para agotar la instrucción se seguirá haciendo. 

¿Hay base para acusar a Ángel Ruiz?
Tenemos que valorar todas las pruebas. La policía ya realizó un atestado con los indicios obtenidos durante los últimos años y ahora veremos a ver la declaración del investigado qué se puede sacar. El juzgado será quien deba tomar una decisión. A ver si se puede seguir adelante o si, al no haber suficiente prueba, se debe concluir a la espera de más pruebas. 

Respecto a la absolución de José María Arribas ¿Se vieron obligados a acusarle por la denuncia de UPyD sin estar muy convencidos, a la luz del resultado en los tribunales?
Es un asunto que cuando yo llegué a la Fiscalía Provincial ya estaba en fase de juicio oral. No tuve conocimiento de ese asunto previamente. La Fiscalía tuvo que ver indicios suficientes de delito para presentar escrito de acusación, se defendió en el juicio y el juzgado de lo penal y la Audiencia han considerado que no son suficientes para condenarle. Respetamos la decisión. 

¿Hay procedimientos abiertos el trato a ancianos en residencias tras la covid?
La Fiscalía General del Estado se puso en contacto con nosotros para pedir datos de fallecimientos en residencias por covid-19 y nos los pidió para saber si había asuntos en diligencias. No hay ninguno en tramitación. Todos archivados. No hay procedimientos tampoco en los juzgados.