En plena -aunque lenta- recuperación de la economía española tras la dura travesía de la crisis, que se prolongó hasta hace unos pocos años, aún hay muchas familias burgalesas que siguen con grandes dificultades para llegar a final de mes. La falta de trabajo en la inmensa mayoría de los casos es el principal culpable de los apuros, aunque los bajos salarios también tienen parte de culpa, pese a que los principales indicadores económicos arrojan datos para la esperanza. La falta de políticas conjuntas por parte del Estado en materia de acceso a las diferentes prestaciones contributivas ha provocado que aproximadamente 43.000 burgaleses aún figuren dentro del arco de personas con riesgo extremo de pobreza.
Según el último informe del Ivie y la Fundación Areces sobre el impacto de la crisis, antes de la recesión el porcentaje de españoles en situación de pobreza, con unos ingresos inferiores a los 9.000 euros, rondaba el 30%, mientras que tras superarla era del 41%. Según datos de la Agencia Tributaria, en 2017 se contabilizaron 42.895 burgaleses con un salario anual menor de esa cantidad, cerca del 27% de los 154.000 cotizantes registrados.
Es por ello que los sindicatos CCOO y UGT elevaron al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que planteaban una propuesta conjunta a nivel nacional para establecer una prestación de ingresos mínimos para los españoles más necesitados, que podría rondar los 426 euros.Tras lograr reunir 700.000 firmas, en febrero lograron que comenzara el trámite para transformarla en ley.
Pues bien, la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) acaba de publicar un informe en el que estima esta incitativa y realiza una seria de propuestas para mejorar su diseño, mejorando que comenzó a tramitar a principios de febrero, y que no llevará implícito estar en paro, sino que se podría llegar a compatibilizar con el desempeño de un trabajo. CCOO y UGT especificaban que se podrían beneficiar cerca de 1,1 millones de personas, mientras que la Airef eleva esa cifra hasta los 1,8 millones, con un coste estimado menor que el de los sindicatos; 7.200 millones de euros «con riesgo de que aumente hasta los 9.800 millones por el riesgo llamada», apuntan en el informe.
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