Han pasado justo 30 años de la publicación en el BOE de la primera de las dos reformas constitucionales registradas desde la aprobación de la Carta Magna y aunque en principio hay acuerdo para una tercera que elimine el término disminuidos para referirse a las personas con discapacidad este cambio todavía se hace esperar.

Una reivindicación histórica que solo se podrá hacer efectiva retocando el artículo 49 de la Constitución de 1978. El Gobierno ya presentó un proyecto de reforma tras las últimas elecciones, pero hasta el momento no ha conseguido la mayoría cualificada del Parlamento que se requiere, es decir, tres quintas partes de la Cámara, 210 diputados. Vox y PP se opusieron a la modificación al considerar que no era el momento político oportuno para abrir el melón de una reforma constitucional, si bien el escenario parece haber variado.

El nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció hace unos meses su respaldo al cambio, aunque reclamó al Ejecutivo que el texto se pacte junto a su partido y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), y que cuente, además, con un informe sin enmiendas del Consejo de Estado.

El socialista Rodríguez Zapatero hizo posible la segunda enmienda en 2011. - Foto: EFEEl Gabinete de Pedro Sánchez ya había abordado esta cuestión en diciembre de 2018, cuando aprobó un anteproyecto de reforma del citado artículo al entender que el término disminuido era «obsoleto e injusto», pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral.

Ahora, si se materializan los apoyos suficientes, se podría consensuar esa reforma constitucional, la tercera después de las dos registradas en 1992 y en 2011.

En la primera no hubo problemas y se alteró el texto por unanimidad para adaptar la Carta Magna al Tratado de Maastricht. Se introdujeron tan solo dos palabras -«y pasivo»- para permitir que ciudadanos comunitarios residentes en España pudieran presentarse como candidatos a las elecciones municipales. El BOE publicó la renovación el 28 de agosto de 1992: se retocó el artículo 13, apartado 2.

Casi 20 años tuvieron que pasar para la segunda: fue el artículo 135, para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP de Mariano Rajoy tres meses antes de las generales de 2011.

Pero además de la previsible tercera reforma, quedarían otras modificaciones en el tintero. Ejemplo de ello es la iniciativa para suprimir los aforamientos de miembros del Ejecutivo y parlamentarios, un plan sobre el que ya incidió en julio de 2019 Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura en el Congreso.

La propuesta se había tramitado en las Cortes antes de los comicios, pero al adelantarlos se desactivó un amplio abanico de medidas legislativas, entre ellas esa. En las últimas ocasiones que se ha abordado la cuestión, PSOE y PP han considerado que no era el momento por la pandemia y la crisis económica.

El líder socialista también planteó hace tres años regular la investidura por el Congreso del presidente del Gobierno con el fin de evitar situaciones de bloqueo tras las elecciones. También sugirió reducir en 25 el número de senadores y otorgar más poder legislativo a la Cámara Alta y que la denominación de las distintas comunidades que aparezca en la Carta Magna sea aquella que fijen sus respectivos estatutos de autonomía.

Hay otras de mayor calado que se proponen desde Podemos, como adaptar la Constitución a la evolución de la sociedad en cuestiones como una mayor conciencia feminista o en medio ambiente.