La judicialización de las obras de El Picón, la parcela municipal ubicada en el polígono industrial Allendeduero en la que se celebró el Sonorama Ribera de 2019, va camino de convertirse en un culebrón. Si no lo ha hecho ya. Sus consecuencias podrían dilatarse años. En lo inmediato, falta por resolver si se podrá celebrar allí el 25 aniversario del festival el próximo agosto.
Un asunto en el que, una vez más, reina la disparidad de criterios entre la unión temporal de empresas (UTE) que desarrolló la urbanización de los casi 128.000 metros cuadrados y el Ayuntamiento de Aranda de Duero. En la adjudicataria entienden que el Consistorio recepcionó tácitamente la obra una vez que se celebró el Sonorama. Sin embargo, en el Consistorio defienden que fue "una ocupación temporal", en palabras del concejal de Obras, Alfonso Sanz.
En estos momentos se tienen que resolver dos procedimientos. Uno es la posible resolución del contrato que el Ayuntamiento ha solicitado al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y del que esperan una respuesta para dentro de un mes como máximo. Y otro es el contencioso-administrativo iniciado por la UTE contra el Consistorio arandino por el impago de las certificaciones. Según detalla Miguel Riesgo, director de la constructora CHR, que es parte de esa unión temporal de empresas, entre esas certificaciones pendientes y las garantías aportadas suman cerca de 200.000 euros.
Llegados a este punto, destaca que una de las claves en este caso radica en que "muy probablemente no va a existir una sentencia firme en la fecha de celebración de Sonorama 2022". Pero no sólo eso. Acto seguido, espeta un "y en 2023 ya veremos", en referencia a los dilatados plazos que marcan determinados procesos judiciales.
Así pues, hay dos argumentos de peso enfrentados. Desde la UTE alegan que la dirección facultativa emitió el certificado final y aprobó las certificaciones por las cuales el Ayuntamiento tiene que realizar los pagos. "El festival se hizo con un acta de ocupación, dando por buenas las obras, aprobando las certificaciones y certificando la finalización de esa obra", defiende Riesgo.
Mientras, el concejal de Obras sostiene que la UTE no cumplió con el proyecto y que "hay cuestiones que los técnicos no dan de paso" como que el grosor del cemento en algunos sitios es de cinco centímetros en lugar de 20, que se sustituyera el mallazo por circonio o que no se encofrara como se había decidido. "Ves que hay fisuras, baldosas rotas, rajas por aquí y por allá...", enumera Sanz, al mismo tiempo que reconoce que cuando se ocupó El Picón en 2019 "las certificaciones eran desfavorables". Entonces, ¿por qué se utilizó dicho espacio? "Para hacer el festival".
¿La solución? Miguel Riesgo asegura que, a pesar de todo, tienden la mano al Ayuntamiento para que "rectifique sus actos contradictorios" ya que, a su juicio, no tiene sentido que "primero se use el recinto y luego se diga que la obra no es apta". Llegados a este punto, afirma: "Si el Consistorio tiene a bien no contradecirse a sí mismo y reconocer lo que se hizo en un primer momento se podrá celebrar Sonorama. Y si no, pues no". El constructor defiende que es el Ayuntamiento quien debe emprender la solución, "dejar las cosas como estaban, proceder al pago con los intereses que corresponda y desde luego, la certificación final de obra tiene que ser válida".
Mientras, Sanz confía en que con la resolución del Tarcyl se desatasque de cierta forma el conflicto y el Ayuntamiento recupere "las competencias para usar de nuevo" El Picón. "Estará a nuestra disposición aunque luego lleve su transcurso legal decidir quién lleva razón", subraya, convencido de que podrán utilizarlo "aunque no cumpla". Reclamarán su arreglo o que se indemnice al Consistorio. "Se tiene que hacer en condiciones. Es dinero del ciudadano", zanja.