Hay varias cuestiones que sobresalen en el panorama de la penosa gestión internacional del presente Gobierno. Pueden llamarse gestiones de diplomacia acelerada porque están tomadas con urgencia, bajo fuerte presión disfuncional. La más notoria se refiere a Marruecos. 

El Ministerio de Transición Ecológica piensa que se puede resolver la crisis con Marruecos dando facilidades para el suministro de gas a nuestro vecino del sur. La decisión no calcula bien el peligro de que Argelia, el otro vecino, puede reaccionar y dejarnos a dos velas, o sea sin el suministro de gas ya acordado para compensar los efectos del cierre del gasoducto del Magreb. Los argelinos, sus Gobiernos mejor dicho, se las gastan muy duras, desde siempre. Son recelosos y muy bravos. No se andan con chiquitas. Francia los conoce, porque no en vano Argelia ha sido colonia francesa. También desde París se conoce Marruecos, incluso mejor que desde aquí. Desde los tiempos del Protectorado son los padrinos del majzén en la escena rabatí. Baste recordar que en el parlamento de Rabat se habla francés. 

El suministro ofrecido a Marruecos consiste en aprovechar la red de plantas licuadoras situadas en varios puertos de la costa para que el combustible gaseoso llegue a Marruecos por el conducto que servía el gas de Argelia a España. El combustible sería de origen extranjero, por ejemplo, norteamericano. El punto más próximo para esa operación sería la planta licuadora que está en Huelva. La idea es correcta si no se tienen en cuenta otras circunstancias. 

A parte de sus aspectos técnicos, la viabilidad diplomática del proyecto es muy dudosa porque depende de la aprobación de Argelia, país enfrentado a Marruecos desde su independencia. Hoy en día de manera especial por causa del contencioso del Sahara, cuya incorporación a Marruecos Argelia discute plenamente, y que es nuestra asignatura pendiente con ambos vecinos del sur. Además, no está claro que el proyecto sirva para volver a la normalidad en las relaciones entre Madrid y Rabat, restablecer las comunicaciones marítimas, levantar el cierre de fronteras en Ceuta y Melilla, regreso de embajadora o embajador a Madrid. 

Todo ello ha sido absorbido por las competencias de Presidencia del Gobierno y de un ministerio especializado que no es el de Exteriores.