Los representantes sindicales de la rama docente de CSIF, UGT y CCOO de Burgos han roto el acuerdo para acometer la modificación de las plantillas jurídicas de los centros públicos de enseñanzas no universitarias para el curso 2020-2021 en la provincia, según han informado los propios sindicatos a través de un comunicado.

Las mismas fuentes han explicado que este lunes estaba prevista una reunión provincial entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes con representación en la mesa sectorial para realizar este proceso que determina, junto a las jubilaciones, las vacantes que se ofertan en los concursos de traslados.

Los representantes sindicales han manifestado su intención unánime de no entrar a negociar plantillas, una decisión que argumentan en la "perpetuidad" de los recortes que se manifiestan en dichas plantillas y en el incumplimiento del acuerdo de la reducción horaria docente.

Los sindicatos han destacado que la creación y la supresión de plazas se realiza en base a unos criterios impuestos por la Administración, teniendo en cuenta datos de matriculación, ratios y horario lectivo, fundamentalmente. El documento de criterios, añaden, no recoge las reivindicaciones de calado que el conjunto de las organizaciones ha exigido desde hace tiempo para el proceso de modificación de las plantillas.

Asimismo, han reseñado que el documento de criterios es "puro reflejo de la aplicación a rajatabla" de la normativa de ratios máximas y de otras medidas de recorte impuestas por las diversas administraciones educativas. También consideran que se trata de criterios economicistas, asentados en los recortes y que no tienen en cuenta las necesidades pedagógicas y la despoblación que afecta al conjunto de Castilla y León, a la vez que tildan de "despropósito" incluir propuestas de transformación de plazas ordinarias en plazas bilingües, "cuando no se sabe nada de este modelo en la Comunidad, paralizado desde principios de año pasado.

Finalmente, han señalado que todo el proceso de "falsa negociación" se ha visto agravado por el incumplimiento del acuerdo que implantaba la jornada de 35 horas desde el 1 de septiembre de 2019.