El melón de la financiación autonómica se ha vuelto a abrir con la esperanza de que al cuarto intento se reforme y renueve un sistema que lleva caducado desde el 2014. La doble recesión de la crisis del ladrillo, la situación en Cataluña y la pandemia han aplazado hasta en tres ocasiones un debate que España tiene pendiente desde hace casi ya una década: Ajustar los recursos que otorga el Estado a las comunidades para hacer frente a los gastos sociales que ejecutan las autonomías. Una ansiada reforma del sistema por la que Castilla y León lleva clamando diez años y rara ha sido la intervención pública de algún miembro del Gobierno autónomico durante los últimos tiempos en que no haya apuntado con el dedo al Gobierno central de turno para que no olvide que la Comunidad está infrafinanciada. Hasta el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera arremetió contra el Mariano Rajoy de la mayoría absoluta en el Congreso para recordarle que el modelo necesitaba una reforma urgente.

Un reclamación que Castilla y León argumenta poniendo los números sobre la mesa. Unos datos que revelan como los fondos transferidos no sirven para cubrir el coste de la sanidad, educación y protección social que la Junta realiza en el territorio autonómico. Protesta que, trasladada a los números, alcanza los 6.000 millones de déficit en la última década, según se desprende de las cifras registradas en los distintos Presupuestos Generales de la Comunidad. Una cuantía que puede ser aún mayor si se añaden otros gastos 'sociales' como las políticas activas de empleo o los planes de vivienda.

Y es que, desde 2013, Castilla y León ha recibido del modelo de financiación autonómica 61.320 millones de euros, mientras que en el mismo periodo destinó más de 67.000 al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Recientemente, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconocía que casi un 16 por ciento de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales «no está cubierto por el sistema de financiación». 

Financiación autonómica: 6.000M€ de déficit en una décadaUn desfase cuya evolución está siendo exponencialmente negativa para los intereses de la Comunidad, toda vez que en 2013, el déficit entre lo recibido del modelo de financiación y lo gastado en sanidad, educación y protección social fue de 150 millones, una cuantía que el próximo año –según las cifras del Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2022– alcanzará los 1.300 millones. 

En diez años el boquete se ha multiplicado por diez, espoleado por el impacto de la pandemia de la covid sobre, precisamente, los gastos en servicios públicos fundamentales. Una vez más los números no mienten: Si desde 2018 los fondos transferidos por el modelo han crecido en 400 millones, el gasto en las tres áreas lo ha hecho en 1.500 millones de euros. Un desfase que tiene en la sanidad autonómica el principal 'culpable', al acaparar la mayor parte de este incremento con mil millones más desde entonces, arrastrado por el esfuerzo presupuestario frente a  la covid.

Reclamación común

Con estos mimbres, ocho comunidades –Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja– se reunirán el próximo martes, 23 de noviembre, en Santiago de Compostela para fijar una postura común sobre las necesidades del nuevo modelo de financiación. Las ocho, que comparten problemas similares como la despoblación y el envejecimiento, han tejido un puzzle apolítico y sin bandera para consensuar una postura común que represente a la 'España Vaciada' y despoblada. 

Los presidentes de las ocho, de distinto color político con hasta siete partidos involucrados en los pactos de Gobierno, buscarán dar voz a las necesidades de un grupo de comunidades «sin crear un frente contra nadie» ni «hacer oposición al Gobierno».

La principal reclamación de estas reside en que la reforma de la financiación autonómica se centre en los costes efectivos de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Así, insisten en que deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad, o el envejecimiento de la población. De esta forma defiende que si la despoblación se ha convertido en un asunto de Estado, contando incluso con una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, esta implicación se traslade al modelo de financiación si se quiere revertir la aguja poblacional y evitar que se agudice una tendencia que por el momento agrupa a 41 millones de personas en el 30% del territorio y a solo seis millones en el setenta por ciento restante.

Al otro lado, aunque de cara al público niegan que se trate de un «enfrentamiento», se encuentran las regiones mediterráneas y Andalucía por un lado, y las locomotoras de España –Madrid y Cataluña– por el otro. Mientras, País Vasco y Navarra contemplan la batalla desde la atalaya de su régimen foral.

Sin cantidad fija

¿Cuántos fondos debería transferir el Gobierno de España a Castilla y León en el modelo de financiación autonómica? Esta es la pregunta del millón. Y no tiene respuesta. «No tenemos en mente una cantidad fija, simplemente reclamamos que se nos otorguen los fondos necesarios para hacer frente a la prestación de los servicios públicos esenciales», reconoce a este periódico el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. La voz y la cara de los asuntos monetarios de Castilla y León insiste en que el modelo actual de financiación se ha demostrado «muy deficitario para los intereses de Castilla y León» porque está asociado a la evolución de la población «pero no atiende a criterios como la dispersión o el envejecimiento». «Se ha demostrado con el tiempo que es malo», apunta Fernández Carriedo, que lamenta como el enquistamiento de la reforma del sistema de financiación ha agravado año tras año un problema que la Comunidad ha convertido en asunto de Estado. «Si a esto le añadimos una doble crisis como las que hemos vivido hace que el comportamiento del modelo sea muy limitado, porque está asociado a la evolución del PIB y venimos de dos crisis», remata. Con las banderas en alto, solo falta comprobar si las 17 sensibilidades autonómicas son capaces de dejar a un lado los egos para sentarse a negociar una reforma clave para garantizar el Estado del Bienestar.