La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a V.A.Ch. a 5 años de prisión y otros 7 de libertad vigilada como autor de un delito de abuso sexual a una vecina de Canicosa de la Sierra a la que en principio se ofreció ayudar, pues sufría la noche de los hechos una fuerte intoxicación etílica. La víctima, una joven a la que casi duplica la edad, precisó tratamiento psiquiátrico y psicológico para superar los hechos sufridos y años después aún siente «ansiedad y malestar psíquico» cuando regresa a la localidad serrana.

La sentencia incluye también la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros o comunicar por cualquier medio durante 8 años con la mujer, a la que tendrá que indemnizar con 12.000 euros por los daños morales causados. 

Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2018, cuando el sujeto ahora condenado se encontró en Quintanar de la Sierra a su víctima «tumbada en el suelo de la calle, desorientada, y semiinconsciente» por la ingesta de bebidas alcohólicas y de algunas sustancias psicotrópicas que ella no recuerda haber ingerido. Aunque varios viandantes que vieron el estado en el que se encontraba llamaron al servicio de Urgencias, «les comunicaron que no podía acudir una ambulancia» por lo que V.A.Ch. «decidió con la inicial intención de auxiliarla» llevar a la joven en su coche al Centro de Salud. Allí fue atendida por la médica de guardia de una intoxicación etílica «aguda e importante» y tras suministrarle suero glucosado y otras sustancias mediante una vía le dio el alta, «pues el Centro no dispone de un lugar de vigilancia y estancia», reseña la sentencia.

El varón ahora condenado se hizo cargo de ella pero en vez de llevarla a casa de sus padres, y sin que coste acreditado que fue porque la víctima se lo pidió así, para que no la vieran en ese estado, condujo hasta su casa y la acostó en una cama de matrimonio, «puesto que esta permanecía inconsciente, sin capacidad de decisión, quedándose profundamente dormida, debido a los efectos del alcohol y droga consumida», añade.

Tras permanecer un rato en la sala, el abusador se acostó junto a ella y con ánimo libidinoso le bajó las medias y las bragas para penetrarla. Cuando ella se despertó, boca abajo, la sujetó por las muñecas para continuar aunque la mujer logró zafarse de un manotazo y, tras reconocer a su agresor, salir corriendo y dando gritos de la casa.

Llamó a su exnovio y fue de nuevo al centro de salud de Quintanar de la Sierra, donde la médica, «al relatar que la habían violado, llorando, y con resaca, dio aviso a la Guardia Civil y fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos, para que fuese reconocida», prosigue la resolución judicial.

Las pruebas forenses, además de confirmar la fuerte ingestión de alcohol y drogas, detectaron restos de semen del acusado en la ropa y el cuerpo de la mujer, así como una lesión en la muñeca «compatible con el mecanismo de defensa» que relató la víctima.

El magistrado ponente, Roger Redondo, considera que la mujer agredida «fue persistente en su testimonio, prestado ante el Juzgado de Instrucción como en el Plenario, sin apreciarse fisuras ni contradicciones, dando razón bastante a todas las cuestiones que le fueron planteadas, observándose que su relato era coherente, espontáneo y sincero» y que si bien existen algunas lagunas en su relato, estas son «reales y producto de la ingesta de alcohol y anfetaminas», o que invalida su relato. Tampoco se ha encontrado un «motivo espurio para imputar al acusado, siendo amiga de su pareja», que la defensa tampoco ha logrado acreditar. Es más, la sentencia subraya que el ahora condenado ha ofrecido durante la instrucción y el juicio una versión de los hechos «que se compagina mal con las pruebas subjetivas y objetivas practicadas», apunta.

En conclusión, «se constata la existencia de un acto que atenta contra la libertad sexual de la víctima consistente en penetrarla vaginalmente, sin que mediara consentimiento, al encontrarse profundamente aturdida y sin capacidad de reacción como consecuencia del alcohol previamente ingerido cuando sucedió ese acto, resume.

CAMBIÓ DE RESIDENCIA. A ello se añade que la mujer precisó tratamiento psiquiátrico y psicológico en el Hospital Universitario de Burgos desde agosto de 2018 hasta mayo de 2019, al presentar un trastorno por estrés postraumático, derivado de los hechos declarados probados, unido a la situación de residir en una pequeña población, en la cual se conocían tanto al acusado como a la denunciante, lo cual le impedía continuar su vida con la normalidad que lo hacía con anterioridad a los hechos. Su situación mejoró al cambiar de localidad de residencia», explica. «El trauma psicológico fluye de manera directa y natural del referido relato histórico, y resulta evidente que es un ataque a la libertad sexual ,y produce, sin duda un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria», que cifra en 12.000 euros. 

El fiscal solicitó tras el juicio una condena de 7 años de prisión, otros 9 de libertad vigilada y 20.000 euros indemnización por el daño moral, mientras que la acusación particular elevó su petición a 8 años de prisión y 25.000 euros.

Este mismo sujeto fue juzgado también en mayo y en la Audiencia de Burgos por otro delito sexual, sentencia a la que aún no ha podido tener acceso este periódico.