La segunda sesión plenaria de la nueva legislatura en las Cortes autonómicas volvió a evidenciar la fractura entre socios de Gobierno y oposición, que tras los ataques de este martes en la designación de los senadores por la Comunidad, ayer volvió a vivir una jornada de reproches y acusaciones mutuas durante el pleno monográfico del Procurador delComún en el que presentó su informe del 2021. Institución que, tanto Partido Popular como oposición, se acusaron mutuamente de utilizarla en su beneficio político, vendiendo una «imagen catastrofista» de Castilla y León, como aseguraron los populares, o para «escucharle e ignorarle», como sentenciaron desde el resto de bancadas. Vox, por su parte, no quiso entrar en esta discusión y se limitó a pedir que se revisen las instituciones propias de la Comunidad con el objetivo de racionalizar sus gastos. «Somos conscientes de que no tenemos la mayoría suficiente para cambiar el Estatuto de Autonomía y eliminarlas», aseguraron desde el partido de Santiago Abascal. Todo ello frente a la atenta mirada de Tomas Quintana, Procurador del Común de Castilla y León, que volvió a insistir durante su discurso en la «imparcialidad» de la institución, al tiempo que lanzó varios avisos a navegantes sobre la situación de la sanidad rural, la expansión de los parques fotovoltaicos o la ansiada llegada de internet a todos los rincones de la Comunidad. 

«Dejen de utilizar al Procurador del Común para pintar todo de negro y reflejar un estado caótico de los servicios públicos de Castilla y León que es ficticio y alejado», inquirió el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, a los partidos de la oposición, a los que aseguró que la situación de Castilla y León no permite «maquillar» las cifras sobre las carencias. En su opinión, lo que da «sentido» a la institución, como órgano de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, es «detectar» las ineficiencias de la administración, así como corregirlas para seguir mejorando la calidad de los servicios, y seguir «manipulando» el informe.

De esta forma, censuró que la oposición recurra al Procurador del Común, a pesar de la realidad, para mantener un «discurso radical y oscurantista», tras escuchar la «detallada» intervención de Tomás Quintana, que indicó da muestra de su desempeño en 2021 y la «extraordinaria» actividad hecha. También, valoró el «buen» desarrollo de la sede electrónica, que permite una mayor cercanía y visibilidad.

La amenaza del lobo

Visión muy alejada de la que expuso Luis Tudanca, que defendió el papel del Procurador del Común en la Comunidad y consideró que su informe anual es, además, un «magnífico termómetro social» para conocer las preocupaciones de los ciudadanos, un punto en el que criticó que la Junta «no haga nada» ante las recomendaciones que cada año lanza la institución y sobre las quejas que se «repiten año tras año». «A quienes les sobre lo público es porque saben que en el individualismo siempre ganan los mismos: los más poderosos», expuso el socialista, que remarcó «escucha a quien no recibe respuesta» y «alza la voz» para proponer soluciones. «No es la primera vez que el lobo amenaza con venir», dijo pero añadió que las instituciones son «sólidas», han aguantado y añadió que «una vez más aguantarán».

Sobre las recomendaciones, Tudanca destacó la actuación de oficio del Procurador del Común sobre prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, algo que, como defendió, cobra especial importancia a la vista de la formación del nuevo gobierno –PP y Vox– que «niega la mera existencia de la violencia de género». «No podemos permitirnos ningún retroceso porque hoy tenemos una constancia real y peligrosa de las resistencias que existen para la superación del machismo y la desigualdad por razón de género», sostuvo el líder socialista.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en las Cortes, David Hierro, volvió a poner sobre la mesa la revisión del uso y los fondos de las instituciones propias de Castilla y León, como el Procurador del Común, el CES o los consejos Consultivo y de Cuentas, desde el reconocimiento de que, a día de hoy, no las puede suprimir porque los de Santiago Abascal no tienen la «mayoría suficiente» en el Parlamento para ello.